El contrato firmado en administración anterior había un objeto ilícito: Contralor
El contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, afirmó en RCN La Radio que pidió la nulidad del contrato de arrendamiento de la actual sede del organismo de control, porque “dentro de ese contrato, firmado en una administración anterior, había un objeto ilícito”, haciendo referencia a la excontralora Sandra Morelli.
El sindicato de la Contraloría insiste en que se les de más plazo para la entrega de las instalaciones, mientras encuentran una sede adecuada para trasladarse.
“Esto es una situación insólita, absurda e inexplicable que vive el máximo órgano de control del país”, aseguró el Contralor refiriéndose a la incertidumbre que viven los 2.300 trabajadores del nivel central que usaban la sede arrendada en Ciudad Salitre.
El funcionario recordó que esto es un proceso que viene de un contrato de arrendamiento que se suscribió en marzo del 2012, se acabó en agosto en 2014 y se prorrogó hasta el pasado diciembre 31.
La Contraloría planteó renegociar el contrato porque había “una cláusula inadmisible”.
Esa cláusula, según el funcionario, le exigía pagar una multa de $34 mil millones a la Contraloría si esta entregaba la sede antes de 10 años, cuando el contrato se firmó solo a dos años.
La condición, agregó Maya, es que la Contraloría debía cancelar el monto y llevarse los baños, las paredes y las divisiones, “dejando el edificio en obra gris”.
“Demandamos el contrato en diciembre y la Cámara de Comercio de Bogotá nos citó para el 14 de enero para designar los árbitros que participen del tribunal de arbitramento. Ellos (los arrendadores) no van a recibir el edificio ahora, ni la otra semana, ni en febrero o abril, hasta que el juez del tribunal defina”, indicó Maya.
Agregó que les pidieron a los arrendadores un plazo de 30 a 60 días para desmontar los equipos electrónicos con los que expiden, por ejemplo, los certificados de antecedentes fiscales.
“Son 16 mil expedientes electrónicos y esta situación nos tiene afectados”, aunque el funcionario anunció que pueden suspender esos procesos por 20 días.
Frente a lo que llamó un “objeto ilícito”, el contralor agregó que “no entro a hacer un juicio, simplemente demandamos el contrato, porque consideramos que tiene un objeto ilícito que es esa cláusula”.
Agregó que ”no podía aceptar eso, que con plata de los colombianos un Contralor, olímpicamente para quedarse en un edificio, pagara $34 mil millones, esa responsabilidad no la asumo, porque me implicaría unas graves consecuencias”.
El contralor Maya manifestó que el 31 de diciembre declararon la Urgencia Manifiesta para contratar servicios como el aseo y las sedes a donde se trasladarán.
“Consulté con un experto y me decía que en Bogotá no íbamos a encontrar una sede desocupada de 30 mil metros cuadrados, menos dotada, a menos que el dueño tuviera mucha plata o estuviera quebrado, que si mucho encontraríamos un edificio de 10 mil metros”, dijo el Contralor General.
Ante la situación indicó que ”pusimos avisos desde octubre y paralelamente íbamos conversando con los arrendadores que nos propusieron otra prórroga y no la acepté. El contrato terminó y la Contraloría no tiene sitio para que sus 2.300 trabajadores puedan cumplir con su deber constitucional”.
Por lo pronto, las únicas cartas de salvación, como admitió Maya, son las tutelas que interpusieron el sindicato de la Contraloría y el Defensor del Pueblo, “que se deben resolver la otra semana”, asimismo insistió en que seguirán pidiendo plazo.
Finalmente Maya admitió que no contratarán una sede “sino 3 o 4 con áreas de 5 mil o 6 mil metros cuadrados” y aseguró que ya les han hecho ofertas.