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Catalina Franco, encargada de la parte jurídica de la Unidad Administrativa Especializada de Servicios Públicos UAESP, fue declarada insubsistente, luego del escándalo desatado por las denuncias del diario El Espectador, en donde la funcionaria, junto a su esposo y un tercero, hablaban en un restaurante de Bogotá, presuntamente, sobre cómo sacar del negocio a Proactiva, actual operador del relleno sanitario de Doña Juana.