Concejal que estaba con Miguel Uribe durante el atentado teme por su vida

El concejal de Bogotá Andrés Barrios encendió las alarmas al denunciar públicamente que recibió llamadas en las que se le solicita devolver el vehículo blindado asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según el cabildante, esto ocurrió luego de que exigiera en medios de comunicación la renuncia del director de esa entidad, Augusto Rodríguez.

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“Quiero hacer público que ayer, luego de solicitar en medios nacionales la renuncia del director de la Unidad Nacional de Protección, mi esquema ha recibido llamadas solicitando el retorno del vehículo blindado de la Unidad. Temo por mi seguridad y la de mi familia. Responsabilizo al gobierno Petro de cualquier cosa que me ocurra a mí o a mi familia”, declaró Barrios a través de sus redes sociales.

El concejal formó parte del grupo de personas que acompañaban al senador Miguel Uribe el día del atentado con arma de fuego en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón.

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La denuncia generó reacciones inmediatas en el Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, vicepresidente de la corporación, expresó su respaldo a Barrios y rechazó la posibilidad de que se le retire el esquema de protección.

“Absoluto rechazo y solidaridad con Andrés. Trabajaremos como mesa directiva del Concejo para garantizar la integridad de los concejales de Bogotá. No pueden ser retirados o modificados los esquemas y mucho menos de quienes fueron actores en el lamentablemente atentado”, afirmó Quintero.

El cabildante también enfatizó que no solo está en juego la integridad de los concejales, sino la de sus familias, el pronunciamiento ha sido en general de rechazo del Concejo de Bogotá.

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La situación genera preocupación entre varios sectores políticos, quienes consideran que el retiro de los esquemas de protección en medio de una coyuntura de alta tensión y violencia en el país representa una amenaza.

Hasta el momento, la UNP no ha emitido una declaración oficial sobre el caso. Sin embargo, el episodio pone sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de protección a funcionarios públicos, especialmente en un contexto marcado por amenazas, atentados y creciente inseguridad.