La Empresa de Energía de Bogotá
El ente acusador busca establecer si el organismo se prestó para interceptaciones ilegales.
El martes 11 de junio, hacia las 8 a.m., LA FM informó que el CTI de la Fiscalía se había tomado las oficinas del Grupo de Energía de Bogotá para buscar evidencias en el caso de las interceptaciones ilegales, conocidas como chuzadas ilegales. La operación duró cerca de cuatro horas.
¿Qué buscaba la Fiscalía General de la Nación en esta inspección? El organismo investigador trata de establecer si el Grupo de Energía de Bogotá usó $2.200 millones de pesos, dinero público de los servicios públicos de los bogotanos para pagar chuzadas ilegales. El pago de esa cifra está registrado en el documento de Información Financiera del Grupo Energía Bogotá, periodo enero - diciembre de 2018, obtenido por LA FM.
Como lo evidencia dicho documento, la empresa Grupo de Energía de Bogotá contrató a la multinacional Berkeley Research Group (BRG) Consulting Colombia SAS para, supuestamente, realizar tareas de asesoramiento en litigios. Esta firma BRG tiene un denominador común y es que aparece en los más recientes escándalos de chuzadas ilegales, como el del sindicato de los pilotos de ACDAC, posiblemente interceptados por orden de Avianca.
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El representante de BRG Consulting en Colombia es el exdetective del DAS Laude José Fernández, quien fue llamado a juicio precisamente por este caso de las chuzadas ilegales a los pilotos. La documentación que obtuvo la Fiscalía en esta operación del martes le servirá para establecer de qué manera se usaron esos 2.200 millones de pesos que el Grupo Energía Bogotá le pagó a la cuestionada empresa BRG Consulting.
Según fuentes cercanas al proceso, la versión que le ha entregado la Empresa de Energía de Bogotá a la Fiscalía es que el dinero se usó para hacer “perfilamientos” de personas con las que tienen enfrentamientos legales. Dos de esas personas que al parecer fueron perfiladas por orden del Grupo de Energía de Bogotá fueron el director del Grupo Enel, el español Lucio Rubio, socio de la empresa de Energía de Bogotá, con quien tienen litigios por cerca de 180 millones de euros y el abogado Felipe Jaramillo, también contraparte de la empresa de Energía.
Pero, ¿qué es un perfilamiento? Es simplemente obtener la información posible de una persona, sus propiedades, movimientos, intereses, viajes, negocios, recurriendo a las bases de datos públicas. Mucha de esa información se encuentra en internet. Por esa razón, porque es un trabajo que puede hacer cualquier persona recurriendo a un buscador como Google, es que la Fiscalía duda de que la plata se usó sólo con ese fin, el de hacer un perfilamiento.
Entonces, hay dos posibles caminos hacia donde parece avanzar esta investigación:
1. La Fiscalía intentará confirmar que el Grupo Energía Bogotá ordenó chuzar al presidente de Enel, socio de esa empresa con asiento en la junta directiva desde hace 20 años o
2. Que la empresa Grupo de Energía de Bogotá usó 2.200 millones de pesos, dinero de los impuestos de los bogotanos, para pagar a una multinacional cuestionada para que hiciera simplemente búsquedas en internet.
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La tesis que parece imperar es la de las chuzadas con el propósito de conocer información que les permitiera anticiparse a cualquier movimiento del presidente de Enel o del abogado Jaramillo o de conseguir información que pudiera causarles desprestigio con el fin de neutralizarlos.
Un dato que no deja de llamar la atención. El jefe de seguridad del Grupo Energía Bogotá es el coronel Carlos Alberto Vargas, mencionado hace cuatro años en el escándalo de las chuzadas a los periodistas Vicky Dávila y Daniel Coronell.
