Nuevos detalles en el atentado a Miguel Uribe Turbay: Fiscalía ordenó detención especial al menor implicado

Durante la audiencia correspondiente, el menor no aceptó los cargos en su contra, una decisión que, según fuentes judiciales, hace parte de una estrategia legal que permitiría avanzar en una eventual negociación con la Fiscalía. 

La intención de la entidad es obtener colaboración eficaz del joven, con el fin de identificar y judicializar a los responsables que lo habrían instrumentalizado para cometer el ataque.

El menor fue trasladado al búnker, donde pasó la noche bajo condiciones especiales de reclusión, en un espacio habilitado específicamente para adolescentes conforme a los parámetros establecidos por el ICBF. Según la Fiscalía, la detención inicial será de mínimo cinco meses, pero podría extenderse en función del avance del proceso judicial y de los requerimientos de protección.

Fiscalía busca identificar a los autores intelectuales del atentado

Con la internación preventiva del menor, la Fiscalía ha intensificado las acciones investigativas para establecer la cadena de responsables del atentado. El objetivo central es determinar si el adolescente actuó por cuenta propia o si forma parte de una estructura criminal más amplia.

El proceso contempla interrogatorios dirigidos a identificar a quien sería el presunto reclutador del menor, conocido bajo el alias de "el hombre de la olla". Según el testimonio inicial del adolescente, esta persona lo habría contactado para ejecutar el ataque. 

La Fiscalía ha comenzado diligencias en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, donde se presume que el señalado reclutador frecuenta zonas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Agentes especializados han sido desplegados para verificar la existencia y antecedentes del individuo mencionado. La intención es determinar si existe una red de sicariato que utilice a menores de edad como ejecutores materiales de delitos graves, como el atentado al senador Uribe Turbay.

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Arma utilizada fue legalmente adquirida en Estados Unidos

Uno de los elementos clave de la investigación es el análisis del arma empleada en el ataque: una pistola Glock calibre 9 mm, que según las autoridades, fue adquirida legalmente en el estado de Arizona, Estados Unidos, en el año 2020. 

Se ha ordenado un peritaje balístico completo con el fin de establecer si esta arma ha sido utilizada en otros hechos delictivos dentro del territorio nacional.

Adicionalmente, los investigadores analizan más de 1000 horas de grabaciones de video obtenidas de cámaras de seguridad en los alrededores del lugar del atentado. Estas imágenes permitirán rastrear los movimientos del menor y de posibles cómplices antes, durante y después del ataque.

La Fiscalía también indaga sobre las formas de pago que se habrían utilizado para contratar al menor. Parte del dinero recibido habría sido entregado en efectivo, mientras que otra fracción podría haberse canalizado a través de plataformas electrónicas, lo cual está siendo rastreado por unidades especializadas en delitos informáticos.

En el marco de la Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes, las autoridades insisten en que el propósito del proceso no es solo sancionador, sino que busca restablecer los derechos del menor y aplicar mecanismos de justicia restaurativa, sin descuidar el rigor en la investigación y sanción de los presuntos responsables del atentado.

El proceso continúa con nuevas sesiones de interrogatorio al adolescente, en las que se espera obtener información detallada sobre los autores intelectuales y logísticos de este crimen. 

La Fiscalía ha reiterado que, dependiendo del nivel de colaboración del menor, se podría aplicar un principio de oportunidad que reduzca su condena, siempre y cuando su información permita esclarecer los hechos y capturar a los responsables.