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Se indaga si más de $500.000 millones del OCAD Paz habrían sido utilizados para el pago de sobornos.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, se declaró preocupado por las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de los proyectos financiados con los dineros del Acuerdo de Paz y que beneficiaban a los territorios a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial.
“Tenemos que expresar nuestra enorme preocupación con lo que ha ocurrido, eso no puede de ninguna manera acontecer”, dijo el magistrado Cifuentes ante estas denuncias que involucran los recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz.
Así mismo, sostuvo que “los recursos públicos son sagrados y son todavía mucho más sagrados los recursos de la justicia, los destinados a las víctimas”.
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El magistrado Cifuentes indicó que espera que la Fiscalía General y los demás organismos lleguen a fondo en las respectivas investigaciones que adelantan en torno a estos presuntos hechos de corrupción.
“A través de estos recursos se mitiga el sufrimiento y estos hechos, de los cuales nosotros tenemos que ser garantes en términos de otorgar justicia, verdad y asegurar reparación. De manera que esperamos que esas investigaciones cumplan su cometido”, añadió.
De acuerdo con las informaciones preliminares se señala que durante el año 2021 se giraron alrededor de 4.4 billones de pesos de las regalías con el fin de financiar diversos proyectos en las zonas más afectadas por el conflicto. Sin embargo, de dichos recursos miles de millones de pesos al parecer terminaron siendo utilizados para el pago de coimas.
En desarrollo de este proceso, se indaga el pago de más de 500.000 millones de pesos en supuestos sobornos a exfuncionarios del Departamentos Nacional de Planeación, la Contraloría General, al igual que a congresistas.
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Por su parte, el exconsejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, aseguró que él fue el primero en denunciar cada uno de los hechos que podrían afectar la ejecución de los recursos y de los proyectos.
