'Chuli Patiño', ¿de reconocido actor a bandido?

La Fiscalía General acusó formalmente al actor Juan Pablo Posada Arciniegas y al empresario Volker Dietrich Degenhart por su presunta participación y responsabilidad en los hechos que rodearon la firma irregular del contrato para la llamada ‘máquina tapahuecos’.

Posada tendrá que responder en juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Para la Fiscalía, durante la celebración de este convenio con la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV) se presentaron una serie de irregularidades.

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Entre estas, que el contrato de 11 mil millones de pesos fue entregado de manera directa a la empresa Green Patcher S.A.S., violando así –según la Fiscalía General- los principios de la contratación pública en el país.  

En este punto se advirtió que el millonario contrato fue firmado bajo la figura de “ciencia y tecnología” pese a que no cumplía con los requisitos puesto que tenía como objeto principal tapar 15 mil huecos en la capital de la República y no la promoción de un invento o una idea.

En la investigación se señaló que dicha máquina tapahuecos fue adquirida por la Alcaldía de Bogotá con el único fin de arreglar la deteriorada malla vial de manera rápida y efectiva, sin embargo, nunca se pudo utilizar puesto que se dañó en su primer día y no pudo ser arreglada porque en el país no existían los técnicos que tuvieran el conocimiento y la experticia.

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Debido a esto, el ente investigador señaló que se presentó un detrimento patrimonial en el Distrito y la máquina quedó guardada en una bodega. La Alcaldía de Bogotá presentó la denuncia en agosto de 2014 en contra de Juan Pablo Posada y Volker Dietrich Degenhart quienes fungían como representantes de la empresa.

La empresa –señala la investigación- tenía un capital de 505 millones de pesos y no contaba con la experiencia para este tipo de obras, situación que para la Fiscalía representa otra irregularidad.

Para el próximo 11 de abril quedó fijada la audiencia preparatoria en la cual la Fiscalía General y los abogados de los procesados presentarán las pruebas testimoniales y documentales que serán tenidas en cuenta durante el juicio.

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