
TransMilenio confirmó un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, por los hechos ocurridos durante el paro nacional del 22 de noviembre de 2019, cuando vandalizó la estación Molinos del sistema. El pacto incluye un componente económico y otro pedagógico que busca transformar un episodio de violencia en una oportunidad de reflexión ciudadana.
Los hechos y el proceso judicial
En aquel paro nacional, Epa Colombia publicó un video en el que golpeaba puertas, taquillas y equipos electrónicos de la estación Molinos con un martillo. Las imágenes se hicieron virales y provocaron rechazo generalizado, así como la apertura inmediata de un proceso judicial.
En 2020 fue condenada por daño en bien ajeno agravado y perturbación al transporte público a 43 meses de prisión, pena que inicialmente se le suspendió condicionalmente. Sin embargo, en 2021 el Tribunal Superior de Bogotá agregó el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, elevando la condena a 5 años y 2 meses. La Corte Suprema ratificó la sentencia en 2025 y ordenó su captura, por lo que permanece recluida en la Escuela de Caballería en Bogotá.
El acuerdo con TransMilenio
La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, anunció que el acuerdo debe ser presentado ante los jueces competentes para su aprobación. Este contempla dos compromisos clave:
- La realización de actividades pedagógicas por parte de Epa Colombia, tanto en redes sociales como en puntos estratégicos del sistema, para promover el respeto y el sentido de pertenencia hacia TransMilenio.
- El pago de 100 millones de pesos como reparación económica directa a la entidad.
“Llegamos a un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera, que busca la reparación integral de los hechos ocurridos durante el paro nacional en 2019. Este acuerdo tiene dos componentes: actividades pedagógicas y el pago de 100 millones de pesos en efectivo a TransMilenio S.A. Con esto reafirmamos nuestro compromiso con soluciones innovadoras de justicia restaurativa que promuevan la reconciliación social y el respeto al sistema de transporte público”, señaló Ortiz.
Implicaciones y debate público
Más allá de la reparación económica, el caso ha abierto un debate en torno a los límites entre protesta, vandalismo y terrorismo, así como al rol que juegan los influenciadores digitales en la opinión pública. También se discute la proporcionalidad de las penas impuestas en contextos de movilización social.
Por ahora, el acuerdo con TransMilenio representa un paso hacia la reparación y plantea una oportunidad para que los episodios de violencia del pasado se transformen en herramientas de pedagogía y reconciliación con la ciudadanía.
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