Irregularidad en mina de Zipaquirá: autoridades estarían recibiendo soborno

Tres trabajadores, entre ellos Freddy Yesid Silva Cárdenas, de 30 años, murieron el pasado jueves tras una explosión en una mina de carbón que operaba de manera ilegal en el municipio de Zipaquirá. La emergencia, provocada por la acumulación de gases al interior del socavón, ocurrió hacia las 6:30 a.m., según relataron testigos y familiares de las víctimas.

La tragedia fue confirmada por las autoridades locales y por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien indicó que los cuerpos fueron recuperados después de más de 20 horas de labores de rescate. El hecho reaviva la preocupación por la continuidad de actividades extractivas no autorizadas en la zona, pese a antecedentes de cierres previos.

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Antecedentes de la mina y denuncias reiteradas

La mina siniestrada ya había sido sellada oficialmente en 2019, según reportes de la alcaldía municipal. No obstante, familiares de las víctimas denunciaron que las actividades extractivas se reanudaron poco tiempo después, sin cumplir con normativas de seguridad ni licencias vigentes.

De acuerdo con el testimonio de Aleida Cárdenas Álvarez, tía de Freddy Yesid Silva, para Alerta Bogotá 104.4 FM, este accidente no fue el primero en la mina. En al menos tres ocasiones anteriores se presentaron emergencias similares, incluyendo un caso de inundación en 2023 en el que varios trabajadores quedaron atrapados durante tres días.

La familia de la víctima afirma que han solicitado reiteradamente el cierre definitivo del lugar, pero señalan que la mina seguía operando de forma clandestina. Según los testimonios, el día del incidente el administrador de turno intentó evitar que se alertara a las autoridades, lo que retrasó la respuesta de los equipos de socorro.

Señalamientos sobre omisión institucional

Durante la entrevista, la familia denunció que la operación minera habría contado con presuntas omisiones por parte de autoridades locales. Trabajadores y vecinos aseguran que la presencia policial era frecuente, no para controlar, sino para recibir pagos irregulares a cambio de permitir la continuidad de las actividades.

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El alcalde de Zipaquirá, consultado por la emisora, declaró no conocer la reactivación de la mina, pero prometió investigaciones y sanciones para los responsables. No obstante, hasta el momento no ha revelado públicamente los nombres de los propietarios ni del operador responsable de la mina, lo cual ha generado inquietud entre los familiares de las víctimas.

Víctima buscaba sustento para sus hijos

Freddy Yesid Silva, oriundo de Pacho, Cundinamarca, había llegado a Zipaquirá en busca de oportunidades laborales. Trabajaba desde hacía varios meses en la mina, pese a conocer los riesgos, motivado por la necesidad de sostener a sus dos hijos, una niña de 11 años y un niño de 2.

La familia asegura que, aunque sabían del peligro, no tenían información clara sobre el lugar exacto donde laboraba. Alegan que, como en muchos casos, la falta de empleo formal y oportunidades en su municipio de origen llevó a Freddy a aceptar ese tipo de trabajo.

Las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales están ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras que la Secretaría de Energía y Minería Sostenible de Cundinamarca ofreció acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.

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Los allegados a las víctimas insisten en que la mina debe ser cerrada de forma definitiva y exigen que se identifique a los propietarios y facilitadores de la operación ilegal. También pidieron que este caso no se convierta en una cifra más, sino en un precedente para evitar futuras tragedias.