
Joven trabajador del Metro fue asesinado en presunto intento de atraco; denuncian dificultades para esclarecer lo ocurrido
El pasado martes 23 de julio, Daniel David Ortega, un ciudadano de origen venezolano, fue asesinado en medio de un presunto intento de hurto en el barrio Bellaflor, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Su hermana, Fabiola Manrique, relató en Alerta Bogotá los hechos ocurridos alrededor de las 9 de la noche, cuando escuchó una voz que suplicaba que no dispararan. Al salir de su vivienda encontró a su hermano herido de gravedad, mientras dos personas huían corriendo por la zona cercana al colegio José María Vargas.
Ortega fue trasladado de inmediato al hospital Vista Hermosa, donde falleció poco después. Según el testimonio de su hermana, Daniel David recibió cinco disparos, dos de los cuales habrían impactado en la zona del tórax, comprometiendo la arteria aorta y afectando directamente su corazón.
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De acuerdo con la versión entregada por Manrique, los atacantes habrían intentado hurtar el teléfono celular de su hermano, que al parecer opuso resistencia y fue agredido con arma de fuego. Posteriormente, los asesinos lo despojaron de todas sus pertenencias y se dieron a la fuga.
Fabiola Manrique explicó que su hermano era una persona dedicada a su trabajo. Había laborado en empresas de seguridad en Bogotá, junto a otro de sus hermanos. No tenía antecedentes ni problemas conocidos con terceros. Tenía una pareja estable y contaba con documentación legal para residir en el país, incluido un Permiso por Protección Temporal (PPT).
La familia denunció dificultades para la entrega del cuerpo en Medicina Legal. Según relató, las autoridades solicitaron la validación de huellas dactilares provenientes de Venezuela para poder entregar el cuerpo. A pesar de contar con el registro civil, la cédula venezolana y el documento PPT, se les informó que la entrega podría demorar entre 20 y 90 días, dependiendo de la llegada de los resultados de pruebas de ADN y de una panorámica dental.
Manrique también manifestó que, tras haber hecho pública la denuncia del crimen, ha recibido amenazas contra su vida y la de sus familiares. Asegura que la comunidad en Bellaflor ha permanecido en silencio debido al temor y la presencia constante de delincuencia en la zona. Por eso teme represalias por haber acudido a un medio de comunicación para exponer lo ocurrido.
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Finalmente, solicitó acceso a los registros de las cámaras de seguridad del sector, ubicadas en las inmediaciones del colegio José María Vargas, que habrían captado a los agresores. Según ella, esas imágenes podrían ser clave para identificar a los responsables, pero hasta el momento no han sido puestas a disposición de la familia. Las autoridades competentes le han indicado que debe esperar un procedimiento formal para acceder a las grabaciones, ya que forman parte de la investigación.