A la cana banda que estaría detrás de estafa para apropiarse de terrenos en Bogotá
La Fiscalía General determinó la existencia de una organización delincuencial que tenía como objetivo la apropiación de un terreno de 8.612 metros cuadrados en el sector de El Retiro, en el norte de la capital de la República.
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Mediante una cadena de engañaron intentaron obtener el reconocimiento de la propiedad, la cual había sido cedida por parte de una constructora a la Urbanización Bosque de El Retiro para realizar actividades de preservación de zonas verdes y adecuación para espacios de recreación.
Un juez de #Bogotá envió a la cárcel a 4 supuestos integrantes de organización delictiva que habría pretendido apropiarse de terrenos del exclusivo sector de El Retiro en Bogotá. Al parecer, alteraron, modificaron y suprimieron documentos, planos y certificaciones
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 31 de mayo de 2019
Para lograr su cometido los integrantes de esta organización realizaron alteraciones y modificaciones a planos y certificaciones de estos terrenos. Todo esto contó con la ayuda de servidores públicos que realizaron artimañas para darles un viso de legalidad.
El plano de la urbanización fue modificado para cambiar su tamaño, pasando de 8.612.58 mts2 a 7.632.56 mts2. Este espacio fue dejado a nombre de un particular diferente al legítimo propietario.
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Los investigadores establecieron que en efecto se modificaron los documentos en las notarías "en el contenido escritural, libros índice, de relación y la matriz de protocolo en los consecutivos de los años".
Los intefrantes de esta organización habrían contactado a empresarios de la construcción del Valle del Cauca para negociar la ejecución de proyectos de vivienda en un valor muy por debajo del real.
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La Fiscalía General les imputó a Fermín Duarte González, Cristian Alonso Caballero Moreno, Jaime Óscar Henao Ocampo y César Augusto Montero Rodríguez los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, falsedad material en documento público, obtención de documento público falso, acceso abusivo a sistema informático, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo.
Un juez de control de garantías consideró que debido a la gravedad de las conductas y al riesgo que existe que afecten el proceso los procesados deben estar privados de su libertad en un centro carcelario.