Actualmente, en la ciudad de Bogotá se ejecutan más de 1.000 frentes de obras en las distintas localidades, las cuales buscan mejorar la movilidad y en general las condiciones de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, mientras a algunas de ellas se les ha dado total prioridad, como el caso de las relacionadas con la Primera Línea del Metro, la cual ya alcanza un avance del 64,8%, existen otras que parecen haber quedado en el olvido.

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Recientemente, el concejal de Bogotá, Jairo Avellaneda, volvió a llamar la atención sobre la crítica situación del puente vehicular de la quebrada La Hoya del Ramo, ubicado en el sector de Cuatro Caminos, en la localidad de Usme. Según el cabildante, el proyecto, que lleva 14 años entre estudios y contratos fallidos, sigue sin terminarse y mantiene en riesgo la seguridad y movilidad de más de 74.000 habitantes del sur de la capital.

Una obra que no avanza: ¿le celebrarán el 'quinceañero'?

Avellaneda explicó que el proyecto inició en 2013 con los primeros estudios y diseños. Desde entonces, ha pasado por dos actualizaciones (2017 y 2022) y múltiples procesos contractuales que no han logrado concretar la construcción definitiva.

En 2022, el Distrito firmó un contrato de obra por $3.871 millones, y un año después se adjudicó la interventoría por $1.715 millones. Sin embargo, debido al incumplimiento del contratista, la administración impuso una multa de $193 millones.

A pesar de estas sanciones, en agosto de 2025 se adjudicó un nuevo contrato, esta vez por $4.925 millones, con una interventoría en proceso de contratación que asciende a $2.617 millones. Pese a esto, el avance del puente apenas llega al 30%.

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El concejal advirtió que, debido a las lluvias, la estructura del puente ha presentado deterioro. “El puente presenta socavaciones en su base, los barandales están inestables y la comunidad ha tenido que hacer reparaciones por su cuenta ante la falta de respuesta institucional”, afirmó.

Señalan posibles sobrecostos

El concejal alertó que los costos de la obra y la interventoría superan los valores permitidos por los estándares de contratación pública. “El contrato de obra contempla un 64,22 % de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades), y la interventoría representa el 54 % del valor total de la obra, cifras que exceden los límites razonables”, indicó.

De acuerdo con los lineamientos de los entes de control, los márgenes recomendados no deben superar el 35 % para el AIU ni el 20 % para la interventoría. Avellaneda sostuvo que estas condiciones podrían configurar una posible violación a los principios de economía, eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

Por esa razón, el cabildante solicitó a la Contraloría, la Personería y la Veeduría Distrital adelantar investigaciones para esclarecer las posibles irregularidades y garantizar que el dinero invertido cumpla con su propósito.

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Barrios y colegios siguen esperando

Los barrios La Fiscala, El Porvenir, Danubio Azul, La Paz, Los Arrayanes y Diana Turbay son algunos de los más afectados por la falta de este puente. También colegios como Paulo Freire, La Salle, Simonelli y Fe y Alegría, cuyos estudiantes deben atravesar el paso deteriorado diariamente.

“El puente no solo es una vía de conexión, sino una necesidad vital. Los niños, adultos mayores y trabajadores arriesgan su vida cada día al cruzarlo”, manifestó el concejal, quien recordó que el sector continúa dependiendo de un paso provisional que no ofrece condiciones de seguridad.

El contrato actual tiene una duración de 13 meses y un valor total de $4.925.541.819, mientras que la interventoría asciende a $2.617.458.181. En total, el equipo mínimo de supervisión cuenta con 31 profesionales y técnicos, cuyo costo supera los $1.740 millones.