Elevan caso Miguel Uribe Turbay a CIDH
31 Jul 2025
09:19 AM
Caso de Miguel Uribe llegará a la CIDH: denuncian intromisión del Gobierno en la investigación
El apoderado del precandidato presidencial Miguel Uribe aseguró que el Gobierno Nacional adelanta investigaciones paralelas a la Fiscalía.
El caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 5 de julio en Bogotá, ha sido llevado ante instancias internacionales. El abogado del congresista, Víctor Mosquera, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares.
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En una reunión celebrada en Washington, Mosquera expuso ante la CIDH una serie de argumentos que, según dijo, dan cuenta de la gravedad de la situación de seguridad que atraviesa el líder político, así como de las presuntas irregularidades en el desarrollo de las investigaciones judiciales. El abogado explicó que la petición no se limita únicamente a Uribe Turbay, sino que se extiende a su núcleo familiar y a todo el colectivo político del Centro Democrático, al considerar que existe un riesgo que afecta a toda la colectividad por su rol de oposición.
“Hemos culminado la reunión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual las partes presentamos nuestros argumentos y documentación sobre la solicitud de medidas cautelares en favor del senador Miguel Uribe Turbay y su núcleo familiar. Asimismo, se presentó una solicitud de medidas cautelares colectiva en favor del partido Centro Democrático, partido de oposición”, indicó el abogado.
¿Gobierno se inmiscuye en investigaciones de atentado a Miguel Uribe Turbay?
Uno de los aspectos más críticos expuestos por Mosquera ante la CIDH fue la presunta interferencia del Gobierno nacional en las investigaciones penales del atentado. Aseguró que desde el primer momento el Ejecutivo habría emitido señalamientos públicos que podrían comprometer el curso de las diligencias judiciales y afectar la independencia de los fiscales encargados del caso.
“Hemos establecido que desde el día uno de este horrible atentado, el Gobierno nacional, no respetando la independencia de los fiscales, ha venido desarrollando investigaciones paralelas y delineando quién pudiese ser quien cometió este grave crimen. Esto es responsabilidad de la Fiscalía y no del Gobierno nacional”, señaló Mosquera.
Además de cuestionar la intervención del Ejecutivo, el abogado también denunció presuntas fallas en el esquema de protección brindado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según expuso, estas deficiencias habrían facilitado las condiciones para que se perpetrara el ataque contra el senador, por lo que solicitó a la Comisión que se emitan recomendaciones específicas al Estado colombiano para que adopte acciones efectivas de protección.
Mosquera también pidió que los responsables del atentado no sean procesados únicamente por delitos como tentativa de homicidio o porte ilegal de armas, sino por terrorismo. Justificó esta solicitud en la gravedad del hecho, que afectó a un líder político en ejercicio y que, a su juicio, tiene una connotación política que debe ser tenida en cuenta en el proceso penal.
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Frente a estas acusaciones, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, defendió el accionar de la entidad. Según aseguró, se prestó todo el respaldo necesario al esquema de seguridad del senador, incluyendo personal armado, vehículos blindados y chalecos de protección. Indicó además que el propio congresista habría tomado decisiones que impactaron su seguridad, pero que la entidad actuó conforme a los protocolos establecidos.
Fuente
Sistema Integrado de Información
