Esta es la fecha en la que se daría las votaciones de la consulta popular

En medio de la ola de violencia que vive el país, con los diferentes ataques en el Cauca y el vil atentado al senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a una consulta popular en Colombia, en la que se plantearán a la ciudadanía una serie de preguntas relacionadas con las reformas laboral y de salud. La medida, enviada ya a revisión de la Corte Constitucional, se produce mientras el país atraviesa un periodo de tensión política.

Según el Ejecutivo, la consulta busca que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre elementos centrales de las reformas, las cuales han enfrentado obstáculos en el Congreso de la República. El presidente afirmó que solo retiraría la convocatoria si el Congreso aprueba los contenidos incluidos en el cuestionario sometido a consideración popular.

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La polarización política se ha profundizado tras la firma del decreto. Mientras el Gobierno defiende la medida como una vía legítima de participación ciudadana, sectores empresariales, políticos y jurídicos han expresado inquietudes sobre sus implicaciones constitucionales.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestó su rechazo a la decisión, advirtiendo que esta puede significar una alteración del orden constitucional al debilitar la separación de poderes, principio consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política. La organización considera que el uso de mecanismos de participación debe observar estrictamente los límites establecidos en el marco legal.

¿Cuándo se realizaría la consulta popular?

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, explicó que la fecha estimada para la consulta popular sería el 26 de octubre de 2025, coincidiendo con la jornada de consultas interpartidistas. Según datos de la Registraduría, el costo de la consulta se estima entre 700.000 y 750.000 millones de pesos, dado que debe garantizarse la logística para 40 millones de ciudadanos habilitados para votar, sin importar cuántos ejerzan finalmente su derecho.

Las autoridades electorales también señalaron que la preparación del proceso incluye la contratación de personal, la instalación de puestos de votación en todo el país y la impresión de material electoral, lo cual exige una planificación similar a la de una elección presidencial o legislativa.

La Corte Constitucional deberá revisar la legalidad del decreto presidencial, así como la formulación de las preguntas que serán presentadas a los ciudadanos. El alto tribunal evaluará si las materias incluidas cumplen los requisitos establecidos para este tipo de mecanismos de participación directa.

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Preguntas clave sobre las reformas laboral y de salud

El documento firmado por el presidente contiene 13 preguntas relacionadas con aspectos laborales, de seguridad social y de salud pública. Las temáticas incluyen la duración de la jornada laboral, el pago de recargos dominicales y festivos, el fomento a microempresas, así como la formalización de trabajadores informales.

Entre las preguntas propuestas se encuentra si los votantes están de acuerdo con que:

• El trabajo diurno tenga una duración máxima de 8 horas entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.

• El trabajo en domingos y festivos se pague con un recargo del 100%

• Se otorguen incentivos a micro, pequeñas y medianas empresas asociativas

• Las personas puedan solicitar permisos por tratamientos médicos o licencias menstruales incapacitantes

• Las empresas contraten al menos dos personas con discapacidad por cada cien empleados

• Se establezcan contratos laborales para aprendices del SENA

• Se permita que trabajadores de plataformas definan su tipo de contrato con cobertura en seguridad social

• Se cree un régimen laboral especial para trabajadores del campo

• Se eliminen formas de contratación como la tercerización mediante contratos sindicales

• Se garantice la formalización y acceso a seguridad social de trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas y artistas

• Se promueva el uso de contratos a término indefinido como norma general

• Se cree un fondo para otorgar un bono pensional a campesinos

Cada una de estas preguntas será evaluada por la Corte Constitucional, que determinará su conformidad con los principios constitucionales y su viabilidad jurídica.

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La decisión del Ejecutivo plantea un escenario de alta tensión institucional, en el que convergen intereses del Gobierno, el Congreso, el sector privado y la ciudadanía, con impacto directo en el curso de las reformas estructurales propuestas.