Abogado de Epa Colombia no se rinde: revela plan para que duerma en casa

Reparación económica y proceso conciliatorio con TransMilenio

En paralelo, avanza un proceso de reparación con TransMilenio. Durante la audiencia celebrada recientemente, la entidad presentó una reclamación por 613 millones de pesos como compensación por los daños causados a la estación Molinos. Barrera manifestó su voluntad de conciliar y reparar los perjuicios, y su defensa confirmó una primera reunión de trabajo con representantes del sistema de transporte público para explorar un acuerdo.

La defensa explicó que anteriormente ya se había pagado una multa cercana a los 300 millones de pesos, impuesta por la Policía como sanción administrativa. Sin embargo, esta suma corresponde a un comparendo por contravención y no sustituye la responsabilidad penal ni los daños civiles.

El equipo jurídico de Barrera cuestiona algunos rubros del cobro, incluyendo los relacionados con la afectación del servicio, señalando que la estación permaneció cerrada por causas no atribuibles únicamente a su clienta.

Impacto jurídico y social de la sentencia

El abogado Bernate advierte que el caso puede sentar un precedente sobre la calificación penal de actos vandálicos cometidos durante protestas sociales. En su opinión, existe una diferencia sustancial entre vandalismo e instigación a delinquir, frente al delito de terrorismo, categoría bajo la cual se inició el proceso contra Barrera. El uso del término “terrorista”, argumenta, conlleva implicaciones más graves tanto en el proceso judicial como en las condiciones de reclusión.

En cuanto a las condiciones de detención, Bernate informó que su defendida se encuentra en el centro penitenciario El Buen Pastor y atraviesa por un estado emocional y físico deteriorado, sin adaptarse plenamente al entorno carcelario ni a los servicios médicos disponibles.

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Programa que sacaría a Epa Colombia de la cárcel

La última esperanza de la defensa recae en la ley de utilidad pública, iniciativa gubernamental que contempla que personas privadas de la libertad por ciertos delitos no violentos puedan trabajar en proyectos comunitarios y dormir en sus casas. La propuesta presentada por la defensa se denomina “Aprende a emprender con EPA”, y busca que Barrera contribuya con formación a emprendedores, especialmente a madres cabeza de hogar.

El caso ha generado debate sobre la proporcionalidad de las penas y el tratamiento diferencial entre ciudadanos involucrados en distintos tipos de delitos. Según Bernate, la comparación entre el caso de Barrera y otros procesos judiciales recientes por corrupción evidencia desigualdades en las sanciones impuestas por el sistema judicial colombiano.