Alerta por riesgo en ciclovías: polémica por nueva ley de movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad advierte que el proyecto de ley sobre vehículos eléctricos pone en riesgo la seguridad vial en Bogotá.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) manifestó observaciones sobre el proyecto de ley 219 de 2024 Cámara y 111 de 2023 Senado, que busca regular el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana. Si bien se reconocen los beneficios ambientales y de descongestión que ofrecen estos modos de transporte, la entidad considera que el articulado requiere ajustes para garantizar la seguridad vial, especialmente en relación con la cicloinfraestructura existente en Bogotá.
Riesgos para ciclistas y menores de edad
Uno de los principales cuestionamientos del Distrito se relaciona con el uso compartido de la infraestructura para bicicletas. La SDM explicó que muchos de los vehículos incluidos en el proyecto pueden alcanzar velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, lo cual representa un riesgo para los ciclistas, especialmente para menores de edad que utilizan programas como 'Al Colegio en Bici'.
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La Secretaría advirtió que los vehículos motorizados con mayor peso y velocidad pueden ocasionar siniestros viales con consecuencias graves o fatales. Además, permitir su circulación en las ciclovías va en contra de los principios de seguridad vial y protección a los más vulnerables, como lo establece la Constitución Política en materia de derechos de la niñez.
Vacíos normativos limitan la eficacia del proyecto
La SDM también señaló inconsistencias técnicas y normativas que podrían dificultar la implementación efectiva del proyecto. Uno de los aspectos críticos es que la ley no exige placas de identificación, licencia de conducción ni SOAT para los vehículos de menos de 60 kg o con velocidad limitada a 40 km/h. Esto, según la entidad, impide la identificación de responsables en caso de accidentes y limita la capacidad de los organismos de tránsito para ejercer control.
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Asimismo, el proyecto no obliga al Ministerio de Transporte a realizar ajustes en los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT) para identificar claramente esta nueva tipología de vehículos. La falta de esta especificidad complicaría el registro de datos y dificultaría la formulación de políticas públicas basadas en evidencia sobre siniestralidad vial.
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Llamado a reforzar las condiciones de seguridad y control
Otro punto de preocupación es la edad mínima para conducir estos vehículos. El proyecto permite que menores entre 12 y 16 años los utilicen en la cicloinfraestructura, sin establecer medidas claras de supervisión o control. Además, el incremento propuesto de la potencia máxima de 350 W a 1.000 W en algunos vehículos incrementaría la posibilidad de accidentes severos.
La SDM indicó que también es necesario modificar el régimen de sanciones por conducción bajo efectos de sustancias psicoactivas. En su forma actual, la norma contempla suspensión de licencia, pero no prevé sanciones aplicables a quienes no cuenten con ella, dejando un vacío en el régimen sancionatorio.
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Finalmente, la Secretaría reiteró que el éxito de cualquier política sobre movilidad eléctrica liviana depende de su capacidad para garantizar la seguridad vial, proteger a los actores más vulnerables y permitir un control efectivo por parte de las autoridades. Por ello, solicitó al Congreso de la República que revise los puntos señalados y se asegure de que la legislación se articule con los principios de prevención, control y protección de la vida en el espacio público.
Fuente
Sistema Integrado Digital
