Desconexión entre Galán y Petro le está pasando factura a Bogotá: revelan impacto en programas sociales

La articulación entre el Gobierno Nacional y la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá enfrenta un periodo de distanciamiento.

Así lo evidencian recientes decisiones del Ejecutivo, que han impactado directamente a poblaciones vulnerables de la capital y han obligado al Distrito a asumir nuevas cargas presupuestales.

Uno de los puntos más sensibles fue la eliminación del componente Colombia Sin Hambre dentro del programa Renta Ciudadana, medida que dejó sin transferencias del Gobierno Nacional a 75.000 hogares bogotanos desde inicios de 2025. De estos, 10.000 están clasificados en el grupo A del Sisbén IV, es decir, en condición de pobreza extrema.

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Ante este escenario, la Administración distrital decidió reforzar el esquema del Ingreso Mínimo Garantizado, incluyendo desde marzo a esos 10.000 hogares en el programa y destinando una inversión adicional de 50.000 millones de pesos anuales para cubrir el vacío dejado por la Nación.

Otro punto de fricción se dio con la terminación del convenio entre el ICBF y la Secretaría de Integración Social, que financiaba la atención de 13.000 niñas y niños en jardines infantiles de la ciudad.

Este acuerdo, que tenía un valor estimado de 30.000 millones de pesos, fue suspendido por decisión del Gobierno Nacional.

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Frente a esta situación, Bogotá continuó con la prestación del servicio mediante la estrategia “De la Mano Contigo”, que ha permitido mantener la atención integral a la primera infancia sin interrupciones ni disminución de cobertura.

Estos hechos han sido interpretados desde el Distrito como señales de desarticulación institucional, lo que ha generado una mayor presión sobre los recursos locales.

Aunque no ha habido confrontaciones abiertas entre ambas administraciones, las decisiones recientes han evidenciado una ruptura en la coordinación de políticas sociales que, en otros momentos, fueron ejecutadas de manera conjunta.