Alerta Bogotá 104.4 FM informó que un fiscal especializado radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, señalado de arrollar a 11 personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, suroriente de Bogotá. Según la investigación, el conductor se encontraba en presunto estado de embriaguez al momento del accidente.
Durante la audiencia, el fiscal indicó que el procesado aceptó cargos preliminares por tentativa de homicidio. Sin embargo, tras el fallecimiento de una víctima, una menor de 15 años, se adicionó el cargo de homicidio. El funcionario señaló: “No fueron dos ni tres cervezas, usted tomó muchas más”, refiriéndose a la declaración inicial del acusado sobre la cantidad de licor ingerido.
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A juicio taxista que atropelló a 11 personas en estado de ebriedad
Detalles del caso y víctimas
El hecho ocurrió en el sector de Santa Rita, donde el vehículo impactó a varias personas que se encontraban en la vía. Una de las víctimas, la menor mencionada, murió días después debido a la gravedad de las heridas. El fiscal sostuvo en la diligencia: “Genera esas lesiones que comprometen seriamente la integridad personal y en otros casos la vida”, al explicar la magnitud del accidente.
La Fiscalía reiteró que el acusado se expone a una condena drástica por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y lesiones personales. Todos estos cargos están relacionados con la presunta conducta imprudente del conductor, quien aceptó parcialmente su responsabilidad en la audiencia previa.
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Llamado de atención de las autoridades
En el espacio radial, el periodista Mauricio Collazos recordó el mensaje de las autoridades: “No hay que conducir en estado de embriaguez, las historias podrían repetirse”. El caso se presenta en medio de un puente festivo, lo que refuerza el llamado preventivo para evitar tragedias similares en la ciudad.
El proceso judicial continuará con la acusación formal y la preparación del juicio, donde se definirán las responsabilidades penales del implicado. La Fiscalía insistió en que la evidencia recopilada demuestra la gravedad del hecho y la necesidad de sancionar este tipo de conductas para proteger la vida de los ciudadanos.