Patrullero ahora sí reconoce responsabilidad en muerte de Javier Ordóñez

Este martes, en una audiencia que tuvo que ser interrumpida por una falla eléctrica, la Fiscalía General presentó el preacuerdo a que llegó con el patrullero Lloreda por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado.

Pese a que en la imputación de cargos celebrada en octubre pasado el uniformado se declaró inocente y aseguró que no tenía responsabilidad en los hechos narrados por la Fiscalía General, ahora busca una rebaja en una eventual condena con la firma de este preacuerdo.

Sin embargo, no se ha podido establecer si en la firma de la negociación se comprometió a colaborar con las autoridades para declarar en contra de otros policías por los hechos que rodearon la muerte de Ordóñez.

El ingeniero y estudiante de Derecho fue detenido en la madrugada del 9 de septiembre cuando se encontraba tomando bebidas alcohólicas muy cerca a su casa en la localidad de Engativá.

Tres patrulleros, entre los que se encontraba Lloreda, lo golpearon y le dispararon con una pistola eléctrica. Luego lo montaron a una patrulla y lo trasladaron al CAI de Villa Luz.

Pocas horas después Ordóñez tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital donde falleció por la gravedad de sus heridas y los múltiples traumatismos en su abdomen y región lumbar.

La muerte de Ordóñez generó una protesta generalizada por parte de varios ciudadanos que exigieron una reestructuración de la Policía y una mirada de sus políticas de Derechos Humanos.

El preacuerdo

En la audiencia celebrada este martes, la Fiscalía General presentó el preacuerdo y pidió darle validez. Posición que compartió la defensa del patrullero Lloreda. 

El próximo 31 de abril el juez de conocimiento terminará de escuchar a las partes intervinientes y tomará una decisión de fondo, es decir si acepta o no el preacuerdo pactado.

De ser avalado se presentará una ruptura procesal, el patrullero será condenado según lo establecido en el preacuerdo mientras que su compañero, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz seguirá en juicio. 

Los dos patrulleros ya fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General que determinó que existió un abuso de la fuerza y un desconocimiento de sus funciones constitucionales de proteger a los ciudadanos.

El Ministerio Público señaló en el fallo que el patrullero Lloreda fue el que le "causó alas lesiones" a Javier Ordóñez, las cuales "Le produjeron la muerte. Mientras que su compañero Harby Damián Rodríguez colaboró incluso para sujetarlo por los pies".

El organismo de control disciplinario tuvo en cuenta los videos grabados por los vecinos, así como el relato de los testigos y el informe de Medicina Legal.