Caen policías que implantaban droga a indigentes para reportar falsos positivos

Un juez de control de garantías de Bogotá acogió las pruebas aportadas por parte de la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en contra de un teniente y 11 patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá que se descubrió aparecen presuntamente involucrados en diferentes actos de corrupción.

Los hechos fueron denunciados, por miembros de la comunidad de la localidad de Puente Aranda, en el centro de la ciudad.

Los elementos de prueba permiten evidenciar que los uniformados estarían involucrados en, al menos, 26 hechos criminales.

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De acuerdo con los investigadores, se estableció que presuntamente estos uniformados exigieron dinero a personas capturadas en flagrancia por hurto y venta de estupefacientes al menudeo para no ponerlas a disposición de la autoridad judicial.

Así mismo, se determinó que este grupo de policías realizó detenciones arbitrarias y sin sustento para aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales, permitieron el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito y se concertaron con redes delincuenciales para robar cable y comercializar el cobre.

También, se logró evidenciar que para darle apariencia de legalidad a estas actuaciones ilícitas habrían alterado informes judiciales.

“En el aprovechamiento de la vulnerabilidad de personas habitantes de calle que residían bajo el puente específicamente que queda en la calle sexta con carrera 30, a quienes se les detenía y se les sembraba pruebas, ellas específicamente sustancias estupefacientes, para generar positivos que les permitía inflar las estadísticas operativas del cuadrante y a su vez, reportar beneficios personales como lo eran permisos no remunerados”, indicó la Fiscal del caso.

De esta manera evitaron que las irregularidades fueran detectadas por mandos superiores. Asimismo, en el curso de la investigación se identificaron cuentas bancarias ocultas en las que se llegaron a mover más de 200 millones de pesos.

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Ante los hechos investigados, una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá les imputó cargos a los 12 policías como supuestos autores de los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.