Así operaba la temida banda de choros conocida como ‘Los Rolex’

En la investigación se señala que existía una distribución de roles para cometer los robos. Un grupo se hacía pasar –en algunos casos- como maleteros en los puertos aéreos para realizar el estudio y observar si llevaban consigo los relojes.

Cuando los ubicaban, le entregaban los datos precisos a otros integrantes que estaban en los alrededores para que realizaran el respectivo seguimiento en motocicletas de alto cilindraje.

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Casi siempre, aprovechaban los semáforos en rojo o cuando se bajaban de los carros para abordarlos y con armas de fuego despojarlos de los elementos de valor. Un grupo de víctimas, cuyos relatos hacen parte de la acusación, relataron que los hombres les rompían los vidrios con las cachas de las pistolas y los amenazaban para que les entregaran los relojes.

En otros casos se hacían pasar como clientes en exclusivos centros comerciales en Medellín y Bogotá y realizaban todo un estudio de sus víctimas: si tenían los relojes o si los compraban en alguna de las reconocidas joyerías.

Después de robar los finos relojes, el líder de la banda se comunicaba con sus contactos para realizar la venta. Para esto tenían gente de confianza en casas comerciales y compraventas en la localidad de Chapinero, principalmente una conocida con el nombre de Bacatá.

“Se trata de una organización al margen de la ley con contactos en Medellín y otras ciudades en donde son vendidos a precios de entre siete, once y 16 millones de pesos”, precisa uno de los apartes del documento.

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La Fiscalía General cuenta con más de 20 testimonios que establecieron el modus operandi de esta banda. El ente determinó que la mayoría de sus integrantes “tienen estabilidad laboral en Medellín, en empresas de limpieza de vehículos, otras en empresas de comidas rápidas, pero que van a hurtar a otras partes en medios motorizados a personas previamente perfiladas”.

En la diligencia judicial que se adelantó en el complejo judicial de Paloquemao el organismo presentó 18 casos que se realizaron entre 2017 y 2018 en el norte de la capital de la República, para ser más exactos entre las calles 100 y 130, entre las carreras 7 y 19.

La Fiscalía General acusó a Alexánder Calvo Torres, Jaime, Jaime Júnior Díaz Tovar, Andrés Felipe Grajales García, Emerson Jaramillo Cardona, Luis Miguel Montes Marín, Sergio Zuluaga Marulanda y Carlos Arturo Ortiz Tirado por los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado por el uso de medios motorizados y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones.

Ortiz Tirado y Calvo Torres también son señalados como presuntos responsables del delito de receptación porque al parecer eran compradores de los elementos hurtados.