Movilidad aclara lío de $14 mil millones: no se quedaron callados

La Secretaría de Movilidad de Bogotá volvió a estar en el centro del debate público luego de que se conocieran denuncias sobre una presunta irregularidad en una licitación por más de 14.000 millones de pesos. El señalamiento fue hecho por el concejal Daniel Briceño, quien cuestionó la validez de una certificación incluida en el proceso.

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Denuncia del concejal Daniel Briceño

El cabildante afirmó que el documento, fechado el 8 de septiembre de 2025, estaba firmado por Mauricio Lizcano, quien dejó de ser ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones hace varios meses. Para Briceño, este hecho genera dudas sobre la legalidad del trámite y amerita la intervención de los organismos de control, en especial la Personería de Bogotá.

La certificación en cuestión está relacionada con la experiencia contractual de la empresa Salvar Archivos S.A.S., que fue vinculada mediante un contrato de colaboración empresarial para desarrollar actividades de inventario documental, en el marco de un acuerdo interadministrativo celebrado con la Alcaldía de Cartagena de Indias. Según el documento, la contratación se realizó bajo el régimen de derecho privado y no requería autorización expresa de la entidad contratante principal.

Respuesta de la Secretaría de Movilidad

Ante los señalamientos, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, respondió públicamente. Señaló que todos los procesos adelantados por la entidad se encuentran publicados en el SECOP, plataforma oficial del Estado que garantiza la transparencia de las licitaciones. La funcionaria invitó a que cualquier observación sea radicada por los canales oficiales, con el fin de que se tramite de manera formal y con el debido rigor.

Díaz reiteró que la dependencia está comprometida con la legalidad y la transparencia, y que revisará con detalle cada una de las inquietudes planteadas.

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Contexto y próximos pasos

Este episodio se suma a otros cuestionamientos que ha enfrentado la entidad en los últimos meses, relacionados con medidas de tránsito, procesos administrativos internos y denuncias por presuntos abusos de autoridad por parte de algunos funcionarios.

Por ahora, el proceso de licitación sigue en curso y será clave la revisión que realicen los organismos de control, así como la atención que ponga la Secretaría de Movilidad para despejar las dudas que rodean la contratación.

Lo que está en juego no solo son 14.000 millones de pesos de recursos públicos, sino la confianza de la ciudadanía en la gestión de la movilidad en la capital.