Algunos de los médicos implicados desmienten esas versiones.
La representante del Centro de Evaluación diagnóstica y rehabilitación Neurocognitiva SAS (CEREN), Giovanna Angarita, denunció que un grupo de médicos infectólogos pediatras, estarían detrás de un ‘carrusel’ para la atención de menores con enfermedades complejas.
La abogada aseguró en diálogo con RCN Radio, que a pesar de que esa empresa ganó por primera vez una licitación con el hospital de la Policía para la atención de varios menores de edad, algunos médicos especialistas se estarían negando a prestar sus servicios, por presuntas presiones de otros colegas.
“La denuncia radica en que hay una corporación de médicos que se asociaron y que se llama Cormedes… lo que buscan luego de haber perdido la licitación es poner a todos los médicos infectólogos pediátricos en contra de CEREN para que no contraten”.
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Agregó que “Lo que se busca es que se logre la caducidad del contrato y se le pase a Cormedes… es una práctica que han venido ejerciendo desde hace tiempo y cada entidad que ingresa nueva a contratar con el Hospital de la Policía, es víctima de estas situaciones”.
Advirtió que el operador Cormedes al parecer estaría realizando este tipo de prácticas en otras regiones del país.
“Se los adjudican a otras IPS y Cormedes vuelve otra vez con su séquito de médicos y no contratan con otras entidades, generando un incumplimento del contrato, la caducidad del mismo y ellos vuelven y se presentan y les dan la caducidad nuevamente”.
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La abogada aseguró que estos hechos estarían relacionados con la empresa CORMEDES WORK IPS UT, que anteriormente prestaba esos servicios y que según ella, al no poder continuar realizando esta labor, estaría entorpecer el actual contrato que vence en unos días y que no se ha podido ejecutar.
“Rechazamos todo acto que por buscar beneficios particulares, afecte la buena práctica clínica; que genere coerción hacia otros profesionales para impedir la atención de la salud de los niños del Hospital Central de la Policía”, señaló.
En RCN Radio, intentamos comunicarnos con Julio Cesar Gómez Riveros, representante legal de la empresa CORMEDES, señalada de estos hechos, pero no obtuvimos ningún tipo de respuesta.
Sin embargo, vale la pena mencionar que la Fiscalía General de la Nación, adelantó una investigación contra Gómez Riveros por el delito de homicidio culposo, por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer que se sometió a un procedimiento estético, en hechos ocurridos en la ciudad de Bucaramanga.
A propósito de esta situación que de acuerdo con las denuncias, estaría afectando la atención y el estado de salud de al menos 8 menores, consultamos en RCN Radio a varios de los médicos mencionados en este escándalo.
Los doctores señalaron que actualmente no tienen vínculo alguno con las dos empresas que prestan esos servicios y agregaron adicionalmente que no han prestado el servicio porque no se llegó a un acuerdo para poder realizar esas consultas.
También precisaron que no han recibido ni ha ejercido ningún tipo de presión a sus colegas especialistas, para negarse a prestar el servicio con el operador actual que tiene la licitación por más de 600 millones de pesos.
Ante esta situación, en RCN Radio nos comunicamos con el médico infectólogo Pío López, presidente de la Sociedad de Infectología, quien dijo que esa situación debe ser consultada de manera personal con los médicos involucrados en las denuncias y agregó que estos hechos tiene más relación con un enfrentamiento entre los dos operadores.
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Finalmente, RCN Radio conoció que existe la posibilidad de que el hospital de la Policía decrete la caducidad del contrato actual debido a que no se ha podido realizar ninguna consulta de esa especialidad para los menores y que se abra un nuevo proceso ya sea de contratación directa, o a través de otro operador.
