Mejía señaló que los empleadores podrían reaccionar de distintas maneras frente al alza del 23 %. Una de ellas sería asumir el mayor costo, pero también advirtió que es probable que parte del incremento se traslade a los precios finales de bienes y servicios. “Ese microempresario tiene varias alternativas: asumir el costo, trasladarlo al consumidor final a través de mayores precios, disminuir la demanda de trabajadores o contratar informalmente”, explicó durante la entrevista.

El director de Fedesarrollo sostuvo que este proceso podría derivar en un aumento de la inflación durante 2026, por encima de las proyecciones iniciales, así como en mayores niveles de informalidad laboral. Agregó que gran parte de los trabajadores en Colombia ya se encuentra por fuera del empleo formal y que un salario mínimo más alto puede ampliar esa brecha. “La mitad de los trabajadores en Colombia gana menos de un salario mínimo, en buena parte por una informalidad que supera el 50 %”, afirmó.

También hizo referencia a sectores específicos como el servicio doméstico y la vigilancia privada. En esos casos, advirtió que el incremento podría incentivar la informalidad o la sustitución de mano de obra por procesos de automatización.

Advertencias sobre inflación, crédito y empleo

En la entrevista con Alerta Bogotá 104.4 FM, Mejía indicó que el aumento del salario mínimo no solo tendría efectos directos sobre los precios, sino también sobre la política monetaria. Explicó que un mayor nivel de inflación podría llevar al Banco de la República a frenar la reducción de las tasas de interés, encareciendo el crédito para hogares y empresas.

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“El costo del endeudamiento para créditos de vivienda, consumo o libranza podría ser más alto en 2026”, señaló, al tiempo que recordó que varios precios y tarifas están indexados al salario mínimo, como algunos servicios. Según indicó, los efectos no serían inmediatos, pero se reflejarían de forma progresiva a lo largo del próximo año.

Mejía también se refirió al concepto de “salario mínimo vital”, indicando que no había sido utilizado de manera formal en discusiones anteriores y que, en su opinión, el debate debería centrarse en el ingreso mínimo, teniendo en cuenta que en Colombia existen servicios subsidiados como salud y educación.

Análisis del exministro José Manuel Restrepo

Por su parte, el exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel también ofreció su análisis en Alerta Bogotá 104.4 FM, en el que abordó el impacto del aumento desde la perspectiva fiscal y del mercado laboral. Restrepo afirmó que la medida afectaría principalmente a la población que ya se encuentra en la informalidad y cuyos ingresos no se ajustan automáticamente con el salario mínimo.

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“Colombia es un país donde más de 14 millones de personas viven en la informalidad y reciben menos de un salario mínimo. Ese grupo no va a ver un aumento del 23 %, pero sí va a enfrentar un aumento generalizado de precios”, señaló.

El exfuncionario explicó que múltiples costos de la economía están atados al salario mínimo, como servicios públicos, cuotas de administración, seguridad privada, copagos en salud y vivienda de interés social, lo que, según indicó, generaría incrementos inmediatos. Añadió que la inflación tiene un efecto directo sobre el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos.

Restrepo también se refirió a las implicaciones fiscales de la medida, señalando que más de un millón de empleados públicos devengan el salario mínimo, lo que representaría un sobrecosto para el Estado. “Esto implica mayores costos fiscales, pensionales y operativos que podrían oscilar entre seis y diez billones de pesos anuales, con efectos acumulativos en los años siguientes”, explicó.

Finalmente, recordó que decretos de fijación del salario mínimo han sido demandados en el pasado y que el Consejo de Estado ha exigido que el Gobierno sustente de manera detallada los criterios utilizados para definir el incremento. Según indicó, ese aspecto podría volver a ser objeto de debate tras el anuncio del aumento para 2026.