Alcaldía de Bogotá debe ponerle orden al caos de San Victorino, por nueva orden judicial

En respuesta a una apelación presentada por la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo de segunda instancia en el que ordena implementar "una política pública integral" para la "preservación y recuperación del espacio público del sector" de San Victorino, en el centro de la ciudad.

El Distrito tiene un año* para ejecutar esas labores, en coordinación con la Alcaldía Local de Santa Fe, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

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La sentencia también ordena garantizar que los vendedores informales y ambulantes que invaden el espacio público en San Victorino tengan "alternativas concretas, eficientes y sostenibles de trabajo formal". Para tal fin, las entidades mencionadas tienen dos meses para implementar un sistema que les permita identificar a sus beneficiarios.

Sumado a lo anterior, el fallo da seis meses para que la Alcaldía Local de Santa Fe haga un registro de los vendedores informales de San Victorino en el que se incluya, además de sus datos completos de identificación, el tipo de mercancía que comercializan y el lugar donde sí estarán autorizados para trabajar. Con base en esa información, el Ipes y el Dadep deberán dar carnets a las personas registradas.

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Además, el Distrito tendrá dos meses para hacer un Registro Único de Vendedores Informales.

El fallo es claro en reiterar que las políticas que se definan para recuperar el espacio público en San Victorino también deben implementar "políticas públicas de reubicación y formalización económica dirigidas a los vendedores informales que allí ejercen su actividad".

Por tal razón, concluye, se debe crear un Comité de Verificación de la Sentencia presidido por la juez administrativa 66 de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y conformado por la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Santa Fe, el Dadep y el Ipes.

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Los antecedentes de esta decisión sobre San Victorino

La historia de esta decisión se remonta a una acción popular interpuesta en 2023 por la junta de acción comunal del barrio Santa Inés, ubicado en el sector de San Victorino, en la que se argumenta que desde 2020 "se ha evidenciado la explotación ilegal e invasión descontrolada del espacio público por parte de diversos comerciantes informales que no corresponden a población en condición de vulnerabilidad".

"(...) la ocupación ilegal del espacio público ha propiciado la proliferación de actividades asociadas a prostitución, atracos constantes, hurto mediante cosquilleo, consumo y expendio de drogas y alcohol, así como la imposibilidad de tránsito vehicular y la afectación de las labores de cargue y descargue de mercancías", dice la demanda.

En junio de 2024, el Juzgado 66 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá emitió un fallo en primera instancia en el que concedía "el amparo del derecho colectivo al goce del espacio público" y declaraba al Distrito, incluida la Policía Metropolitana, como responsable de vulnerar "el derecho colectivo al goce del espacio público".

La Alcaldía de Bogotá y la Policía apelaron la sentencia, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantuvo igual varios de los puntos de la decisión de primera instancia (como el de considerar al Distrito como responsable de la vulneración al goce del espacio público) y añadió obligaciones como la garantía de empleo formal para los vendedores informales y los plazos para el registro de estos.

Ahora, falta ver si el Distrito ya fue notificado para que empiecen a correr las fechas.