
¿Derroche de dinero en Suba? Se estarían perdiendo $164 millones, denuncia concejal
El concejal Julián Espinosa expuso su preocupación por el valor que la Secretaría de Seguridad del Distrito estaría pagando por el arriendo de un inmueble en la localidad de Suba, específicamente en el sector de Ciudad Jardín.
Según informó el cabildante, se trataría de un contrato firmado el pasado 17 de julio por un monto total de 410 millones de pesos, con una duración de ocho meses. El contrato tiene como objeto el arriendo de una propiedad de 436 metros cuadrados que servirá para el funcionamiento de la Casa de Justicia.
De interés: Fuchi le pasa cuentas a Galán: revela preocupantes retrasos en obras
El valor mensual pactado supera los 50 millones de pesos, cifra que, según cálculos presentados por Espinosa, estaría por encima del valor de mercado para inmuebles similares en esa zona de la ciudad. El concejal señaló que, de acuerdo con una revisión de portales inmobiliarios como Properati, Metrocuadrado y Finca Raíz, el costo promedio por metro cuadrado en arriendo en ese sector se encuentra en aproximadamente 68 mil pesos.
En ese sentido, el cabildante estimó que un arriendo acorde al mercado debería estar cerca de los 29 millones de pesos mensuales, por lo que el contrato firmado implicaría un pago adicional cercano a los 20 millones de pesos por mes, lo que representaría un sobrecosto de más de 160 millones de pesos durante los ocho meses de vigencia del contrato.
Espinosa agregó que estos recursos podrían ser utilizados para otros fines, tales como reforzar la seguridad en la ciudad mediante la contratación de personal o la compra de equipos para la Policía. El concejal solicitó que se investigue el contrato y que se revisen los criterios bajo los que se acordó el valor del arriendo, con el objetivo de evitar el uso inadecuado de los recursos públicos.
“Bogotá necesita que cada peso del presupuesto público se utilice con responsabilidad, eficiencia y transparencia. No podemos permitirnos estos posibles sobrecostos, especialmente cuando el panorama de seguridad exige intervenciones urgentes y efectivas", dijo el concejal.
Más noticias: ¿Bajaron los colados en TransMilenio? Concejales dividen opiniones
Cabe recordar que hace unos días, desde el Concejo de Bogotá también se envió una alerta por posibles sobrecostos en contratos que tenían como fin señalizar algunas vías.
Desde el concejo también denunciaron sobrecostos en contratos de señalización
El concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como “Fuchi”, envió una solicitud formal a la Contraloría para que investigue el Proceso de Contratación No. SDM-LP-95-2024, gestionado por la Secretaría de Movilidad. Este contrato tiene como objetivo instalar señalización y elementos de seguridad en distintas vías de la capital.
El contrato fue planteado con un plazo de ejecución de 34 meses y un presupuesto total de $131.400 millones, distribuidos entre siete zonas y diferentes contratistas encargados de las obras. Adicionalmente, se asignaron $37.800 millones para interventoría. El dinero para esta contratación proviene de los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito y del sistema de semáforos.
La solicitud del concejal se basa en diferencias notorias en los precios de ciertos elementos contratados, como los tachones viales. Según Forero, al revisar los costos entre las distintas zonas se evidencian valores muy distintos, sin que hasta ahora se haya dado una explicación técnica sobre esas variaciones.
Lea también: Fuchi denuncia presuntos sobrecostos en contrato: señalización sale cara
Como ejemplo, se menciona que el costo promedio por unidad de un tachón en la Zona 1, que abarca localidades como Chapinero, Teusaquillo y Usaquén, es de $62.559. En contraste, en la Zona 6, que incluye sectores como Ciudad Bolívar y Tunjuelito, el precio asciende a $102.517. Esta diferencia motivó el llamado a una revisión más detallada del proceso.
“El valor de mercado de un tachón no supera los $35.000, pero en este contrato se están cobrando hasta $102.000. Es inaceptable. Por eso, solicitamos a la Contraloría una investigación rigurosa sobre este proceso y sobre los contratistas involucrados”, indicó Forero.