La señalización vial cumple un papel fundamental en la movilidad, ya que permite dar instrucciones a conductores, ciclistas y peatones, y reducir el riesgo de accidentes. Cuando las señales son visibles y están en buen estado, se facilita el tránsito y se mejora la seguridad en las vías.

En Bogotá, la señalización de las vías se ha intensificado en los últimos meses con jornadas nocturnas que buscan intervenir grandes tramos sin afectar el flujo vehicular en el día. Estas labores incluyen pintura de líneas, instalación de señales verticales y demarcación de zonas especiales como ciclorrutas o paraderos. 

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Con las múltiples obras de mantenimiento y ampliación que se adelantan en Bogotá, es probable que la señalización continúe siendo una prioridad en los próximos meses. 

No obstante, desde el concejo de Bogotá se ha lanzado una alerta acerca de posibles irregularidades en contratos para señalizar las vías, pues algunos estarían incurriendo en sobrecostos.

Concejal Fuchi le pone el ojo a contrato de señalización

El concejal de Bogotá, Julián Forero "Fuchi", envió una carta a la Contraloría solicitando una investigación sobre posibles sobrecostos en el Proceso de Contratación No. SDM-LP-95-2024, liderado por la Secretaría de Movilidad. El contrato tiene como propósito la instalación de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad.

El proyecto cuenta con una duración de 34 meses y tiene un presupuesto oficial de $131.400 millones para la ejecución de obras, distribuidos entre siete zonas y contratistas. Además, contempla $37.800 millones destinados a interventoría. Los recursos que financian estas obras provienen de multas de tránsito y semaforización.

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Según "Fuchi", uno de los hallazgos que motivó la denuncia es la inconsistencia en los costos de instalación de tachones viales, los cuales presentan diferencias significativas entre zonas sin que haya, hasta el momento, una explicación técnica que las justifique.

Para el año 2025, el precio promedio de un tachón en la Zona 1 (que incluye localidades como Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santafé y Candelaria) es de $62.559, mientras que en la Zona 6 (Tunjuelito y Ciudad Bolívar) se fija en $102.517 por unidad. 

“El valor de mercado de un tachón no supera los $35.000, pero en este contrato se están cobrando hasta $102.000. Es inaceptable. Por eso, solicitamos a la Contraloría una investigación rigurosa sobre este proceso y sobre los contratistas involucrados”, indicó Forero.

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En la carta enviada a la Contraloría, el concejal pide una actuación especial de fiscalización sobre dicho contrato. También solicita verificar la metodología utilizada para estimar los precios por zona y contratista, determinar si hay sobrecostos injustificados, y revisar posibles irregularidades en la etapa precontractual. 

“¿Está la Secretaría de Movilidad favoreciendo a ciertos contratistas? ¿Por qué existen diferencias tan marcadas en los precios? ¿Qué empresas están detrás de estos contratos? Vamos a llegar al fondo de este asunto. No podemos permitir que los recursos provenientes del abuso por multas de tránsito terminen en contratos con posibles sobrecostos o irregularidades”, dijo el cabildante.