Galán les cambió el juego: vendedores informales a vender por internet

Bogotá vive una transformación profunda en la forma como se gestiona y utiliza el espacio público. Ante la creciente problemática de su invasión por ventas informales en puentes peatonales, andenes y parques, el Distrito puso en marcha una estrategia basada en el Decreto 315 de 2024, que busca regular el aprovechamiento económico del espacio público de manera integral.

El nuevo decreto plantea reglas claras tanto para actores formales como informales, estableciendo principios como la prevención, la garantía del goce del espacio por parte de todos los ciudadanos y el equilibrio entre el derecho al trabajo y el interés colectivo.

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Venta informal: legal, pero ordenada y con alternativas digitales

Una de las mayores novedades es el reconocimiento explícito a la labor de los vendedores informales como trabajadores legítimos. Amparado en la Ley 1988 de 2019, el decreto no propone su desalojo, sino su organización y modernización.

En esa línea, el Instituto para la Economía Social (IPES) es designado como la entidad encargada de administrar y gestionar la actividad de los vendedores informales. Además, deberá crear un protocolo que regule el uso del espacio público, promueva la inclusión y contemple esquemas de retribución económica diferenciales según la situación socioeconómica del vendedor.

¿Y vender por internet? Una opción para modernizarse

Entre las alternativas planteadas, se destacan los programas para que los vendedores informales puedan migrar, parcial o totalmente, al comercio digital. Con ello, se busca no solo liberar espacio público, sino también ofrecer nuevas oportunidades de ingresos más estables y sostenibles.

Permisos y plazos claros

El protocolo contempla que los permisos para aprovechar el espacio público sean por un periodo de 1 a 2 años, dependiendo si se utiliza mobiliario propio o proporcionado por la Entidad. Estos permisos serán renovables por hasta 5 años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Asimismo, las personas en condición de vulnerabilidad podrán acceder a reducciones o exenciones en las tarifas de retribución, garantizando así un enfoque socialmente justo.

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El objetivo: menos conflicto, más orden

El Decreto 315, con sus 50 artículos, redefine la forma en la que Bogotá entiende y regula el espacio público. Involucra a 10 entidades distritales en la gestión de distintas zonas, desde alamedas hasta fuentes peatonales o predios subutilizados.

El mensaje de la administración es claro: no se trata de eliminar a los vendedores informales, sino de incluirlos en una Bogotá más ordenada, donde el trabajo y el derecho al espacio público puedan coexistir en armonía.

Con la venta digital como alternativa y el protocolo de aprovechamiento económico en marcha, Galán y su equipo están "cambiando el juego" para miles de trabajadores informales, apostando por la dignificación de su oficio y el bienestar de todos los ciudadanos.