#ATENCIÓN | Encapuchados instalan cambuches al lado del centro comercial San Martín, frente al edificio donde queda la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en la carrera Séptima con calle 32, en Bogotá.

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— Alerta Bogotá FM (@AlertaBogota) October 14, 2025

Denuncian vandalismo en el centro comercial San Martín

Según el reporte, los asistentes al establecimiento denunciaron que algunas personas que se encuentran en el lugar no serían miembros de comunidades indígenas, sino individuos encapuchados que ingresaron para causar daños a la infraestructura. “Dicen y denuncian los ciudadanos que la mayoría no son indígenas, que son encapuchados”, dice el informe.

Imágenes difundidas por redes sociales muestran las carpas dispuestas de forma organizada en las entradas del centro comercial y en el interior de sus pasillos. Varios establecimientos permanecen cerrados por precaución.

Manifestantes aseguran que no es una toma del centro comercial

En entrevista con Alerta Taxiviris de Alerta Bogotá 104.4 FM, una de las participantes de la manifestación, identificada como Laura, también explicó las razones por las cuales distintos colectivos decidieron instalar un refugio humanitario en las instalaciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ubicadas en el Centro Comercial San Martín, donde también funcionan otras entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Secretaría Distrital de Integración Social y el Ministerio de Agricultura.

Laura aseguró que la acción no debe interpretarse como una “toma” del centro comercial, sino como una forma de visibilizar las demandas del movimiento. “No nos tomamos el centro comercial, hay que aclararlo. Instalamos un refugio humanitario en las instalaciones propias de la SAE”, precisó. Según explicó, la presencia de las comunidades busca llamar la atención sobre temas como la crisis humanitaria, el desmonte del paramilitarismo y la necesidad de reformas en materia de derechos humanos y seguridad.

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La manifestante también respondió a las críticas que han circulado en redes sociales sobre supuestos daños a la propiedad privada. Negó que hayan causado afectaciones a los establecimientos y pidió que no se criminalice el uso de capuchas por parte de algunos asistentes. “Nosotros acá no hemos sido agresivos con absolutamente nadie. Nada está grafiteado. Lo único que tenemos son trapos hechos por nosotros mismos”, sostuvo. Añadió que cubrirse el rostro “es una medida de autoprotección” ante situaciones de hostigamiento que, según dijo, históricamente han afectado a los líderes sociales.

Frente a las inquietudes sobre el impacto de la protesta en los trabajadores del centro comercial, Laura afirmó que el movimiento también busca mejoras en las condiciones laborales. “Estamos exigiendo garantías laborales, no es posible que los patrones precaricen la mano de obra y despidan a personas por causas externas”, señaló. Además, invitó a los empleados y pequeños comerciantes a unirse a la movilización. “Esta lucha también es por ellos, por una economía popular y por territorios donde la vida digna sea posible”, concluyó.

Voceros piden respetar el derecho a la movilización

En entrevista con el sistema informativo de RCN Radio, Wilson Güiza, integrante del equipo de vocería de la Cumbre Nacional Popular, explicó que la movilización hace parte de una jornada nacional denominada “Aquí en la lucha”. Según dijo, en esta participan distintas organizaciones sociales de todo el país, entre ellas campesinas, afrodescendientes, indígenas y urbanas.

Además, precisó que el propósito del encuentro es exigir al Gobierno nacional atención frente a “una crisis humanitaria que atraviesa el país y que afecta a las comunidades más vulnerables”.

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Güiza precisó que en Bogotá se concentran principalmente delegaciones de la convergencia ‘La ciudad para quién’, conformada por colectivos urbanos, y representantes del suroccidente del país agrupados en el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Según dijo, “nos encontramos aquí planteando la necesidad y la exigencia de una reforma urbana integrada y popular”, como parte de las propuestas que el movimiento busca discutir con las autoridades nacionales.

El vocero explicó además que el primer punto de interlocución con el Gobierno se centra en las garantías para la protesta social y el derecho a la movilización. En sus palabras, “la prioridad que hemos establecido en este momento está centrada en establecer unas garantías para el ejercicio de movilización”. Sin embargo, también denunció que algunas delegaciones han sido víctimas de agresiones durante su desplazamiento. “Queremos denunciar una serie de hostigamientos y ataques que se desarrollaron contra las delegaciones del punto de Santander, por parte de grupos que actuaron en convivencia con la fuerza militar de esa región”, afirmó.