Polochos, a responder en la justicia internacional por abusos de autoridad

Congresistas, concejales y defensores de derechos humanos denunciaron lo que ellos consideran como una presunta comisión de delitos de lesa humanidad “en modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y deportaciones forzadas” que, según ellos, ocurrieron durante las protestas ciudadanas que se adelantaron recientemente.

“Informamos a la Fiscalía de la Corte sobre los crímenes de lesa humanidad de carácter sistemático y repetitivo que se vienen cometiendo por parte de unidades de la policía e igualmente señalamos que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, están incumpliendo órdenes judiciales y burlando a la justicia, lo cual, puede ser un detonante de la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia”, dijo el senador Iván Cepeda

En la carta, los dirigentes solicitan a la CPI analizar esta información a la luz del Estatuto de Roma y visitar a Colombia para solicitar que se adelante la investigación, procesamiento y sanción de los policías y demás responsables de estos hechos.

“El actuar de los altos mandos, particularmente del presidente de la República, Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue en el menor de los casos permisivo ante las conductas criminales. Los hechos descritos en la presente comunicación muestran cómo estos altos mandos contribuyeron de forma directa e indirecta en la comisión de los crímenes al tolerarlos, incluso si tuvieron o no una participación determinante”, indican.

De igual forma, la Fiscalía de la CPI también recibió quejas sobre un supuesto incumplimiento del fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Gobierno pedir perdón por el caso de Dilan Cruz y los abusos de autoridad cometidos por miembros de la Policía y el Ejército en las movilizaciones del año pasado.

En la comunicación, los dirigentes políticos le indican a la Corte Penal Internacional que hay unas acciones sistemáticas de parte de integrantes de la Fuerza Pública:

“1) Usar armas de letalidad reducida de forma contraria a los protocolos, ocasionando la muerte intencionada de manifestantes; 2) usar armas de fuego en contextos de protesta social sin que existiera fundamento legal; 3) ocultar distintivos que permitiera establecer la identidad de los perpetradores; 4) negar sistemáticamente los lugares de detención-retención de civiles y alegar detenciones “en flagrancia”; 5) usar indebida y masivamente la detención administrativa (traslado por protección) como mecanismo de detención ilegal; 6) emplear durante la retención en instalaciones policiales, la tortura contra las víctimas, con tácticas que incluían golpes, choques eléctrico y violencia sexual, y 7) usar vehículos no oficiales para el transporte de detenidos”, indican.

También solicitan a la Fiscalía de la CPI que, en el marco del artículo 53 del Estatuto de Roma, se evalúe la posibilidad de abrir una investigación contra el ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo.