
Problema de habitantes de calle se solucionaría: Bogotá no será un basurero
En entrevista para Alerta Bogotá 104.4 FM, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Avizambra, expuso la complejidad que enfrenta la ciudad frente a la creciente presencia de habitantes de calle, especialmente en sectores como el canal de la calle Sexta, en Puente Aranda. Según Avizambra, más de 600 personas en condición de calle transitan de forma constante por la zona, generando preocupaciones relacionadas con seguridad, salubridad y convivencia.
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Problema de habitantes de calle se solucionaría: Bogotá no será un basurero
Habitantes de calle en Bogotá: una problemática sin resolver
El cabildante mencionó que las intervenciones por parte de las autoridades no han sido sostenidas. Aunque la Policía Metropolitana ha realizado allanamientos esporádicos, estos no han logrado contener la permanencia de la población en calle ni la percepción de inseguridad entre residentes, comerciantes y transeúntes.
De acuerdo con Avizambra, la situación también impacta a la localidad de Los Mártires, donde los habitantes denuncian incremento en hurtos a viviendas y comercios, extorsiones y presencia de estructuras dedicadas al microtráfico. Frente a esto, el Concejo de Bogotá adelantó un debate de control político, citando a los secretarios de Seguridad e Integración Social para exigir explicaciones sobre las estrategias implementadas.
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Corte Constitucional limita acciones frente a habitantes de calle
Uno de los puntos críticos abordados en la entrevista fue la sentencia de la Corte Constitucional que impide internar a personas en condición de calle en contra de su voluntad. Según Avizambra, esta medida representa una dificultad para las políticas de atención integral, ya que muchos ciudadanos ingresan voluntariamente a los centros de día o noche, pero luego los abandonan y regresan a las calles.
El presidente del Concejo propuso la creación de mesas de trabajo con la Corte Constitucional, lideradas por la Secretaría de Integración, con el fin de buscar mecanismos jurídicos que permitan mayor permanencia de estas personas en los centros de atención. Para Avizambra, el actual modelo solo permite una solución temporal y no aborda de fondo el problema social ni sus implicaciones en términos de seguridad ciudadana.
Además, reiteró que el Concejo no tiene funciones ejecutivas ni firma contratos, pero puede proyectar acuerdos y vigilar a las entidades distritales mediante el control político. Insistió en la necesidad de involucrar al Gobierno Nacional para resolver el déficit de más de 10.000 efectivos en la Policía de Bogotá y abogó por una reforma judicial que evite la rápida liberación de reincidentes, cuya tasa, según cifras oficiales, ronda el 90 %.
Movilidad, participación y descentralización del Concejo
Avizambra también se refirió a otras problemáticas urbanas como la movilidad y la limpieza del espacio público, que han generado críticas ciudadanas frente al estado general de Bogotá. Aclaró que los concejales han llevado el trabajo legislativo a las localidades para fomentar la participación ciudadana.
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Durante su presidencia, el Concejo ha realizado sesiones descentralizadas en localidades como Sumapaz y Kennedy, esta última en apoyo al proyecto del metro. Según el cronograma citado por Avizambra, el primer tren comenzará pruebas en 2026 y se prevé que el sistema inicie operaciones en el primer semestre de 2028.
Finalmente, se refirió al uso inadecuado de la plazoleta del Concejo para protestas masivas, advirtiendo que la infraestructura, al estar sobre un parqueadero subterráneo, no está diseñada para soportar grandes concentraciones. El cabildante hizo un llamado a garantizar la protesta pacífica en lugares habilitados, respetando las normas de seguridad y la independencia de poderes.