Proponen solución para los 'call center' de las cárceles: sacar línea no les resultará tan fácil

Los senadores Ariel Ávila y Gustavo Moreno radicaron un proyecto de ley que busca establecer requisitos más estrictos para la compra y activación de tarjetas SIM y e-SIM en el país. La iniciativa propone la creación de un registro nacional de usuarios finales que incluya datos personales e identificación biométrica, con el propósito de facilitar las labores judiciales y prevenir delitos que actualmente se cometen bajo el anonimato que permite el acceso libre a estos servicios.

El proyecto obligaría a los operadores de telefonía móvil a registrar la identidad de cada ciudadano o persona jurídica que adquiera una tarjeta SIM, e-SIM o cualquier tecnología que en el futuro las reemplace.

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Asimismo, se prohibiría la comercialización y activación de estas tarjetas sin la validación previa de dicha información. Las empresas proveedoras que incumplan con esta norma estarían sujetas a sanciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Fiscalía General de la Nación.

La norma también establecería que el registro sería un requisito obligatorio para todas las nuevas adquisiciones de tarjetas y para aquellas líneas existentes que aún no estén vinculadas a una identidad verificada. La iniciativa destaca que esta herramienta ya ha sido adoptada por otros países como México, Chile, España, Argentina, Australia, Reino Unido, Alemania, Sudáfrica y Canadá, donde ha servido para combatir fenómenos delictivos relacionados con el uso de telefonía móvil.

¿Se acaban los 'call centers' de estafas desde las cárceles?

El proyecto de ley se fundamenta en los hallazgos de diversas investigaciones penales en Colombia, que han identificado que gran parte de las extorsiones y delitos relacionados con telecomunicaciones son cometidos desde líneas móviles prepagadas adquiridas sin registro alguno. La facilidad para comprar tarjetas SIM sin ningún control permite que los delincuentes utilicen múltiples líneas anónimas sin dejar rastro.

Los legisladores promotores del proyecto argumentan que al contar con una base de datos actualizada y validada biométricamente, las autoridades tendrían mayores herramientas para rastrear a los responsables de crímenes como extorsiones, amenazas, suplantaciones, estafas telefónicas y otras modalidades que requieren anonimato.

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Además, señalan que la iniciativa no solo tiene un carácter reactivo sino también preventivo, al generar un efecto disuasorio frente al uso de líneas móviles para fines ilícitos. Con este registro obligatorio, cualquier adquisición irregular sería más fácil de detectar, y se reduciría la posibilidad de operar en el mercado de manera anónima.

Esto atacaría principalmente los llamados 'call centers' de las cárceles, en los que reclusos llaman a ciudadanos desprevenidos haciéndose pasar por sus familiares para extorsionarlos, engañarlos para pedirles sus datos bancarios u otros varios tipos de estafas telefónicas.