Usme habría comprado kilo de sal en $900.000: denuncian sobrecostos

Un nuevo presunto escándalo por sobrecostos en la contratación pública sacude a la ciudad de Bogotá. El concejal Daniel Briceño denunció un contrato suscrito entre la Alcaldía Local de Usme y el Cabildo Indígena Inga de Bogotá, en el que se habrían registrado precios desproporcionados en la adquisición de productos básicos. Según el cabildante, el documento incluiría la compra de un kilo de sal por $900.000 y una libra de maíz blanco por $300.000.

“La Alcaldía Local de Usme firmó un contrato por casi mil millones de pesos con organizaciones indígenas, en el que supuestamente se busca fortalecer su tejido empresarial. Sin embargo, encontramos precios absolutamente altos en productos básicos”, señaló Briceño durante la denuncia pública. El contrato en cuestión, según explicó, fue adjudicado por un valor cercano a los $1.000 millones y tendría como objetivo apoyar el desarrollo económico de comunidades indígenas a través de la compra de insumos y capacitaciones.

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Cuestionamientos sobre el proceso de contratación

El concejal advirtió que dentro del proceso se habría presentado una única cotización para determinar los precios, situación que, según indicó, vulnera el régimen de contratación pública. “Dentro de los documentos se acepta que la cotización fue realizada únicamente con el Cabildo INGA, sin revisar ningún otro proveedor o precio. Es decir, se adjudicó a dedo”, afirmó Briceño.

En un recorrido realizado por el concejal y su equipo en el centro de Bogotá, donde las mismas comunidades indígenas comercializan productos similares, se constató que los precios son considerablemente inferiores a los establecidos en el contrato. “En las tiendas que ellos mismos administran, el kilo de sal cuesta entre $3.000 y $10.000. No entendemos cómo se justifica un precio de $900.000”, sostuvo el cabildante.

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Exigen respuestas a la Alcaldía y a la Secretaría de Gobierno

Briceño pidió a la Alcaldía Local de Usme, la Secretaría de Gobierno y al Cabildo Indígena Inga de Bogotá entregar explicaciones sobre el manejo del contrato y la justificación de los precios acordados. “La ciudadanía merece saber cómo se están utilizando los recursos públicos. No puede ser que productos que cuestan $5.000 o $10.000 se facturen al Distrito por cientos de miles de pesos”, dijo.

El concejal también hizo un llamado a los organismos de control, incluyendo la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, para que inicien investigaciones sobre el presunto sobrecosto. “Exigimos que se investigue a fondo. Las alcaldías locales no pueden convertirse en la caja menor de contratistas o de intereses políticos”, añadió.

Este caso se suma a otros cuestionamientos recientes sobre la gestión de recursos en las localidades, como el contrato suspendido en Chapinero por la compra de motocicletas con presunto sobrecosto. Hasta el momento, ni la Alcaldía de Usme ni la Secretaría de Gobierno se han pronunciado oficialmente sobre el tema.