Aida Merlano en Venezuela
Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela
6 Feb 2020 04:30 PM

¡Soltó la lengua! Aida Merlano salpica a Arturo Char y Julio Gerlein por ayudarla a fugarse

La excongresista aseguró que fue testigo de la entrega de altas sumas de dinero en campañas electorales "como la de Álvaro Uribe"

En la Corte Suprema de Justicia en Caracas (Venezuela), la excongresista Aida Merlano aseguró que el empresario Julio Gerlein y Arturo Char participaron en su plan para fugarse de las autoridades el pasado 1 de octubre, después de asistir a una cita odontológica en el norte de Bogotá. 

En su declaración, que duró 50 minutos, la exrepresentante a la Cámara señaló que después de fugarse fue trasladada hasta una finca ubicada a las afueras de Valledupar. Sin embargo, en ese lugar empezó a temer por su vida puesto que recibió amenazas y conoció un plan para atentar contra su vida.

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Una de las personas que estaba en la finca le señaló que a ella la iban a asesinar y posteriormente enterrar en una fosa común. En este punto manifestó que el presidente Iván Duque conocía claramente que existía un plan para asesinarla y encubrió toda esta actuación.

Entre sollozos reconoció que en esa finca fue víctima de “acoso”, sin dar más detalles. Producto de la desesperación y el temor se escapó de lo que ella llamó como sus captores y emprendió un largo recorrido para llegar a Venezuela.

Merlano pidió perdón por haber ingresado ilegalmente a Venezuela y falsificar los documentos, pero indicó que todo lo hizo por pura desesperación puesto que sabía que la estaban buscando para asesinarla.

En este recorrido –detalló- se enteró que el Gobierno de Colombia aumentaba semana tras semana el monto de la recompensa por información que permitiera su captura, ejerciendo una presión pocas veces antes vista.

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Por esto se declaró una “perseguida política” del Gobierno de Iván Duque, reconociendo que el allanamiento a su sede de campaña y posterior captura se debió a las presiones ejercidas por uno de los caciques electorales en el departamento del Atlántico, reclamando que varios políticos estaban haciendo exactamente lo mismo.

La dirigente política responsabilizó al Gobierno de Iván Duque de lo que pueda ocurrirle a ella y su familia, señalando que existe un plan para asesinarla.

Saúl Noriega, corresponsal de RCN Radio en Venezuela, señaló que en la diligencia judicial no se permitió el ingreso de ningún tipo de grabadora. Los periodistas solamente pudieron presenciar la declaración de Merlano sin hacer alguna anotación.

Corrupción electoral

En su extensa declaración, Merlano indicó que el tema de la compra de votos se ha presentado en los últimos años en todo el país, reseñando que los últimos presidentes de la República (desde Álvaro Uribe, pasando por Juan Manuel Santos e Iván Duque) fueron elegidos con este tipo de presión.

"Fui testigo de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales", reseñó Merlano en uno de los apartes de su declaración y la cual fue recopilada por el Gobierno de Venezuela en un comunicado oficial.

Reseñando el tema de la compra de votos en las campañas electorales, aseguró que las “casas políticas” de la Costa siempre han manejado así las elecciones, asegurando que el 90% del Congreso fue elegido utilizando este tipo de estrategias.

En este punto acusó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras de tener conocimiento claro frente a este tipo de actuaciones ilegales puesto que él es muy cercano a las “casas políticas”.  

Merlano le pidió protección a Gobierno de Nicolás Maduro y pidió, nuevamente, que su caso sea llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puesto que se presentaron graves irregularidades.  

La excongresista fue capturada el pasado 28 de enero en un apartamento en Maracaibo, Estado del Zulia, por parte de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Tras ser requerida presentó documentación falsa. 

Merlano enfrenta un proceso penal por falsedad en documentos e ingreso ilegal a ese país. 

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión por su responsabilidad en corrupción electoral para los comicios de marzo de 2018.

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