Golpe al bolsillo: billetes de $50.000 y $100.000 reciben duro castigo

El 10 de junio de 2025, el peso colombiano registró una depreciación del 1,09 % frente al dólar estadounidense, cerrando con una tasa representativa del mercado de 4.192 pesos por unidad, según datos oficiales de la Superintendencia Financiera. Esta caída posicionó a la moneda como la de peor desempeño entre las economías emergentes ese día, por encima de otras divisas latinoamericanas.

El debilitamiento se produjo tras el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la activación de una cláusula de escape contemplada en la Ley de la Regla Fiscal. Esta decisión, avalada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), implica la suspensión temporal del cumplimiento del límite de déficit para lo que resta del año. El Gobierno justificó la medida con base en la caída de los ingresos fiscales y la necesidad de atender compromisos financieros y sociales que superan los parámetros establecidos por dicha norma.

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Expertos consultados indicaron que la decisión generó un impacto inmediato en el mercado cambiario, al aumentar la percepción de riesgo fiscal. La medida fue interpretada como un debilitamiento del marco de responsabilidad fiscal, lo cual puede traducirse en mayores exigencias de tasas de interés por parte de los inversionistas para adquirir deuda pública, reduciendo así el atractivo de activos denominados en pesos colombianos.

Consecuencias en billetes de alta denominación y déficit fiscal

La depreciación también afecta el poder adquisitivo de los billetes de mayor denominación, como los de 50.000 y 100.000 pesos. En términos prácticos, estos montos permiten adquirir menos dólares que semanas atrás, lo que repercute en transacciones internacionales, compras en línea y viajes al exterior. Esta situación incide directamente en sectores como el turismo, el comercio exterior y la compra de bienes importados.

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Simultáneamente, la suspensión de la regla fiscal implica que el déficit del Gobierno nacional se proyecta por encima del 5,1 % del PIB, superando la meta previamente establecida. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, esta cifra representa un aumento frente a la proyección inicial de 4,5 %. El incremento del déficit conlleva una mayor necesidad de financiamiento, lo que podría elevar los niveles de endeudamiento y comprometer futuras asignaciones presupuestales.

El Ministerio de Hacienda señaló que la activación de la cláusula tiene carácter temporal y será objeto de revisión según la evolución de los ingresos y el contexto macroeconómico. No obstante, el impacto sobre la confianza de los mercados puede tener repercusiones a mediano plazo, tanto en la calificación crediticia del país como en el costo de emisión de deuda en los mercados internacionales.