Ser hippie paga: Jóvenes empezarían a recibir más de un mínimo por nueva medida

El Gobierno Nacional lanzó el programa Gestores de Convivencia, una estrategia que busca reducir los índices de violencia interpersonal en el país a través del trabajo comunitario de jóvenes. Según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, más de 12.000 jóvenes entre los 14 y 28 años serán capacitados para actuar como mediadores y prevenir conflictos en sus entornos barriales, a cambio de una bonificación mensual que, en algunos casos, superará el salario mínimo legal vigente.

La iniciativa responde al contexto de violencia, donde solo en Bogotá durante el año 2024 se reportaron más de 254.000 riñas, según datos de la Policía Metropolitana. Además, se estima que cerca del 32 % de los homicidios en la capital se originan en discusiones que escalan a niveles mortales. El programa se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio del Interior, que destinará medio billón de pesos a 43 proyectos de seguridad, de los cuales 200.000 millones se invertirán específicamente en temas de convivencia.

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Capacitación obligatoria y perfil juvenil para ingresar al programa

El acceso al programa está condicionado a la realización de una formación técnica o deportiva aprobada por el Estado. Esta capacitación es obligatoria y tiene como objetivo dotar a los participantes de habilidades que les permitan actuar como promotores de paz dentro de sus comunidades. Solo quienes completen este proceso podrán recibir el incentivo económico establecido por el Gobierno.

El programa se dirige a personas entre 14 y 28 años, la franja de edad reconocida oficialmente como juventud en Colombia. Según el ministro Benedetti, se trata de una política de prevención que apunta a “construir paz desde los barrios”, con un enfoque similar al del programa Jóvenes en Paz, promovido por el Departamento de Prosperidad Social.

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Más allá del pago: observatorios, cámaras y políticas integrales

Además de la remuneración a jóvenes, el Ministerio del Interior anunció la creación de un Observatorio Nacional que analizará las causas de las muertes violentas en el país, distinguiendo entre homicidios culposos, dolosos, sicariato y conflictos de origen pasional o relacionado con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Este trabajo se desarrollará en conjunto con la Policía Nacional y una universidad cuya identidad será revelada tras la firma de un convenio.

En el ámbito tecnológico, se informó que el país cuenta actualmente con 27.000 cámaras de seguridad, de las cuales 12.000 están fuera de servicio. Parte de los recursos del plan se usarán para reparar y reactivar estos dispositivos, aunque el Gobierno enfatizó que, si bien las cámaras son útiles para procesos judiciales, su eficacia en la prevención directa del delito es limitada.

También se planea una Encuesta Nacional sobre el consumo de sustancias, que permitirá dimensionar el impacto del alcohol y las drogas en la seguridad ciudadana. Finalmente, se anunció el fortalecimiento de organizaciones de Derechos Humanos como parte de una política integral de seguridad, prevención y convivencia.