Conductores se ahorrarían plata: congelarían peajes hacia la Orinoquia

El Ministerio de Transporte anunció una medida de alivio económico para miles de conductores del país al mantener congeladas, durante seis meses, las tarifas de ocho peajes. Esta decisión busca reducir el impacto financiero en regiones donde ya se proyectaban incrementos tarifarios, dando un respiro a los usuarios mientras se replantean los mecanismos de ajuste futuro.

Peajes beneficiados y negociación con concesionarios

Entre las estaciones que mantendrán sus tarifas sin variación se encuentran puntos estratégicos del centro y norte de Colombia como Fusca, Los Andes y Unisabana en la Autopista Norte. También se beneficiarán corredores como Rumichaca–Pasto, Cisneros, Carmen de Bolívar, la Autopista al Mar y la Transversal del Sisga–Machetá.

Durante el periodo de congelamiento, el Gobierno Nacional adelantará mesas técnicas con los concesionarios para definir una fórmula de ajuste que garantice la sostenibilidad de las vías sin afectar de manera desproporcionada el bolsillo de los usuarios. El objetivo es encontrar un equilibrio que permita mantener la calidad de la infraestructura y, al mismo tiempo, proteger a los conductores de incrementos abruptos.

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La excepción de la vía Bogotá–Villavicencio

A diferencia de los demás corredores, la medida no aplica para la crítica vía Bogotá–Villavicencio. La ANI confirmó que, a partir del 16 de noviembre, se hará efectivo el ajuste anual en las tarifas preferenciales de los peajes Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral. Estos valores ajustados están destinados a residentes que cumplen con los requisitos del programa diferencial establecido para mitigar el impacto del cobro.

El aumento se da en un contexto complejo por los constantes cierres en el kilómetro 18, un punto crítico que ha afectado de manera reiterada la movilidad y las actividades económicas de quienes dependen de este corredor para transportar bienes y desplazarse entre el Meta y la capital.

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Llamado urgente desde el Meta

Ante el anuncio del incremento, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, hizo un llamado a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, para que reconsidere la medida. Según Cortés, los cierres continuos en la vía han generado un problema social y una pérdida importante de competitividad para empresarios, comerciantes y campesinos de la región, quienes ya enfrentan grandes dificultades logísticas.

La Gobernadora pidió una intervención directa del Ministerio para aliviar la presión económica sobre la región y evitar que el ajuste tarifario agrave la situación. La ciudadanía del Meta espera una respuesta que tenga en cuenta las condiciones críticas del corredor vial y la necesidad de garantizar un tránsito seguro, estable y económicamente viable.