Emprendedores dejarán de perder plata en contratos: Ley pondrá a pagar finito a empresas

En Colombia, miles de emprendedores, pequeños empresarios y proveedores han tenido que enfrentarse durante años a pagos demorados por parte de grandes empresas. Esta práctica, que afectaba directamente la estabilidad económica de quienes viven de su trabajo diario, fue común por décadas. Muchos aceptaban condiciones desventajosas por miedo a perder contratos.

En este contexto, nació una normativa que cambió las reglas del juego: la Ley 2024 de 2020, conocida como la Ley de Pago a Plazos Justos. Esta ley busca garantizar que las relaciones comerciales se den en condiciones más equilibradas, asegurando que el pago por productos o servicios prestados no se convierta en un martirio de meses de espera.

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¿Qué dice la Ley de Pago a Plazos Justos?

Desde su entrada en vigencia en 2021, esta norma establece un plazo máximo de 45 días calendario para que las empresas realicen los pagos a sus proveedores, contados a partir de la entrega del producto o finalización del servicio.

Este límite es obligatorio y no admite prórrogas, sin importar lo que diga un contrato. Si una cláusula establece 90, 120 o más días para pagar, no tiene validez legal y se considera ineficaz. La ley es clara: ningún acuerdo privado puede ir en contra de este plazo.

¿Quiénes están protegidos?

La norma protege a todas las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones mercantiles, sin necesidad de ser comerciantes formales. También incluye subcontratistas y proveedores, incluso en casos donde se trabaje con contratistas principales.

Hay algunas excepciones, como los acuerdos entre grandes empresas o pagos relacionados con consumidores y seguros. Pero para la mayoría de relaciones comerciales, esta ley aplica y tiene fuerza de norma imperativa, es decir, no se puede modificar por acuerdo entre las partes.

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¿Qué pasa si no cumplen con el pago a tiempo?

Cuando una empresa incumple este plazo, entra automáticamente en mora. El proveedor afectado tiene derecho a exigir una indemnización por los costos de cobro en los que incurra. Esto incluye gastos como abogados, comunicaciones o trámites necesarios para recuperar el dinero.

La ley también establece que ni el deudor ni el acreedor pueden escudarse en errores administrativos o en demoras de empleados para justificar el incumplimiento. Solo causas de fuerza mayor podrían eximir del pago de la indemnización.

¿Desde cuándo empieza a contar el plazo?

El conteo inicia desde la entrega efectiva del producto o la prestación completa del servicio. No desde que el área de compras lo aprueba, ni desde que se registra la factura, ni cuando tesorería decide mover el trámite. Esto evita que las empresas dilaten el pago con procedimientos internos.

Incluso si se exige documentación adicional como actas o informes, la empresa está obligada a entregarlos a tiempo. De lo contrario, también se considera un incumplimiento.

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¿Qué herramientas tiene como proveedor para defenderse?

Además de poder exigir indemnización, la ley permite que los afectados lleven el caso a un proceso ejecutivo. Solo necesitan presentar el contrato y la liquidación de lo que se les adeuda como prueba. También pueden buscar soluciones a través de conciliación o acuerdos extrajudiciales.

Esta ley busca que el trabajo de millones de colombianos sea valorado con respeto. Cuando más emprendedores conozcan sus derechos, menos empresas podrán seguir abusando de ellas.