
Una operación liderada por la CAR terminó con la suspensión de una actividad minera ilegal que estaba haciendo estragos en un predio rural entre Villapinzón y Lenguazaque. La entidad descubrió una cantera que, sin permiso alguno, venía explotando materiales de construcción a punta de maquinaria pesada, generando una afectación grave al recurso suelo y al ecosistema local.
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El operativo fue encabezado por el mismo director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, con el respaldo de la dirección regional Almeidas y Guatavita. Al llegar al terreno, ubicado en la vereda Sonsa, los técnicos se toparon con una cantera en plena operación, donde se extraían materiales como piedra, arena, arcilla, yeso y anhidrita, en una zona de más de 3.800 metros cuadrados.
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¿Y los permisos? Bien gracias…
Al revisar el área con sus sistemas de información geográfica, la CAR confirmó que el predio se encuentra fuera de las zonas donde está permitida la actividad minera, según el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Bogotá. Es decir, la cantera no solo era ilegal por no tener permisos, sino que además estaba ubicada en una zona estratégicamente protegida.
“En lo que va de 2025 ya hemos suspendido cuatro actividades de este tipo en esta parte del departamento. No podemos seguir permitiendo que se destruya el suelo de esta manera”, dijo el director Ballesteros durante la intervención.
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Marcas, surcos y destrucción
Los técnicos de la CAR también evidenciaron señales claras de que la actividad se estaba realizando con maquinaria pesada. En el terreno había taludes verticales, surcos profundos y marcas visibles que mostraban un daño considerable a la capa vegetal.
Además, el procedimiento carecía completamente de condiciones técnicas adecuadas, lo que agrava el riesgo de remociones en masa —deslizamientos de tierra—, especialmente en temporadas de lluvias, que ya empiezan a causar estragos en varias regiones.
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“No vamos a tolerar este tipo de minería ilegal. Vamos a seguir actuando con toda la firmeza del caso, porque estas prácticas no solo dañan el medioambiente, sino que ponen vidas en riesgo”, subrayó Ballesteros.
¿Qué viene ahora?
La CAR recordó a los propietarios de predios rurales y empresarios del sector que todas las actividades productivas deben contar con permisos ambientales. Además, advirtieron que operar sin autorización puede generar sanciones, multas y procesos judiciales.
En esta zona, perteneciente a la cuenca alta del río Bogotá, la protección del ecosistema es prioridad. Y aunque este operativo fue exitoso, deja en evidencia que aún hay quienes siguen haciendo trampa y explotando sin freno los recursos naturales.