
Desde el 1 de septiembre de 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil implementó la expedición gratuita de la cédula digital para los ciudadanos colombianos que cumplan 18 años y tramiten este documento por primera vez. Esta medida hace parte de una estrategia nacional orientada a modernizar los mecanismos de identificación y facilitar el acceso a servicios mediante el uso de tecnologías de la información.
De acuerdo con el organismo, la iniciativa responde a la necesidad de proporcionar identificaciones electrónicas seguras, ágiles y confiables, especialmente en entornos digitales. Con esta modernización, Colombia busca adaptarse a estándares internacionales de identidad digital, fortaleciendo la protección de los datos personales y evitando trámites presenciales innecesarios.
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Además de los jóvenes que expiden su cédula por primera vez, existen grupos poblacionales que pueden acceder al duplicado de la cédula digital de forma gratuita. Estos incluyen a personas registradas en el Sisbén IV, grupo A, víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), personas con discapacidad en situación de pobreza, habitantes de calle certificados por las autoridades, miembros de comunidades indígenas, personas atendidas por la Unidad de Atención a la Población Vulnerable (Udapv) y afectados por desastres naturales.
Entre los beneficios de este nuevo documento se destacan la posibilidad de realizar trámites virtuales sin portar el documento físico, la encriptación avanzada de los datos personales y la reducción del riesgo de suplantación. La cédula digital también permite validar la identidad en entornos digitales de forma remota, lo que representa un avance en términos de eficiencia administrativa.
Trámites que no se pueden realizar con la cédula digital
A pesar de los avances tecnológicos que representa la cédula digital, aún existen limitaciones prácticas en su uso. Algunas entidades y procedimientos requieren obligatoriamente la presentación del documento físico tradicional.
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Por ejemplo, los bancos exigen la cédula en físico como parte del soporte obligatorio para tramitar créditos o productos financieros. En el ámbito jurídico, los trámites notariales, como escrituras, testamentos, matrimonios o divorcios, también requieren la presentación de la cédula física, de acuerdo con los requisitos establecidos por las notarías.
Además, la cédula digital no es válida como documento de identificación en el extranjero, salvo en ocho países donde su uso ha sido oficialmente aceptado en el marco de acuerdos bilaterales. Esto significa que, para viajes internacionales o trámites migratorios fuera de esos países, los ciudadanos deben seguir presentando la cédula física o el pasaporte como documento de identidad oficial.
Estas restricciones responden a que muchas instituciones aún no han actualizado sus sistemas para aceptar validaciones digitales o no tienen acuerdos interinstitucionales que reconozcan este nuevo formato.
Cambio de cédula tradicional a digital: ¿es obligatorio?
La Registraduría Nacional ha aclarado que no es obligatorio reemplazar de inmediato la cédula amarilla de hologramas por la digital. Ambos documentos son legalmente válidos y permiten ejercer los derechos ciudadanos, como el voto o la realización de trámites ante notarías y bancos.
La entidad ha indicado que el cambio hacia el nuevo modelo será progresivo y no se ha establecido una fecha límite para efectuarlo. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos considerar el cambio de manera voluntaria, en función de los beneficios que la versión digital ofrece en términos de seguridad, facilidad de acceso a servicios digitales y prevención del fraude.
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El trámite para obtener la cédula digital se puede iniciar en las sedes de la Registraduría habilitadas para este servicio. En el caso de quienes no pertenecen a los grupos beneficiarios, el costo del trámite de duplicado digital se encuentra regulado por el Estado y su valor puede ser consultado en la página oficial de la entidad.
De este modo, la cédula digital se configura como una herramienta complementaria que, aunque no reemplaza de manera inmediata al documento tradicional, sí marca un paso importante en la transformación digital del Estado colombiano. La implementación gradual permitirá que tanto los ciudadanos como las entidades públicas y privadas se adapten a este nuevo formato, fomentando una transición coordinada hacia sistemas de identificación más modernos y seguros.