Depósito para el pago de servicios públicos, ¿es legal?

De acuerdo con la Secretaría del Hábitat, el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003 establece que el propietario está en el derecho de solicitar un depósito o garantía para el cumplimiento del pago de los servicios públicos del inmueble.

Este dinero equivale al cargo fijo por unidad de consumo y se determina por medio de los tres últimos periodos de facturación, aumentado un cincuenta por ciento (50 %) dicho valor.

Ahora bien, es importante mencionar que el depósito para servicios públicos es el único dinero que el arrendador puede exigir a su arrendatario como garantía para el cumplimiento del contrato, puesto que con base en el artículo 16 de la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana estas prácticas son ilegales.

“En los contratos de arrendamiento para vivienda urbana no se podrán exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que, conforme a dichos contratos, haya asumido el arrendatario”, exclama la Ley.

¿El depósito para el pago de servicios públicos se le devuelve al arrendatario?

Una vez que el contrato de arrendamiento haya terminado dentro de las causales determinadas por la Ley, tanto el propietario como el inquilino deben realizar una inspección del inmueble.

Dentro de ese ámbito, el arrendatario debe haber pagado todas las deudas pendientes, incluyendo el pago completo de los cánones de arrendamiento, servicios públicos y otros gastos asociados al arrendamiento.

De ser así, el arrendador está obligado a ejecutar la devolución del dinero que se dejó como depósito de servicios públicos.

Finalmente, es crucial que tanto arrendador como arrendatario conozcan y comprendan las condiciones específicas del contrato, ya que estas pueden variar.

Asesorarse legalmente y documentar adecuadamente el estado de la propiedad al inicio y final del contrato contribuirá a evitar conflictos y facilitará una devolución justa del depósito al término del arrendamiento.