Desalojo sin excusas ley refuerza derecho de los propietarios
Aunque la ley fortalece al dueño, también protege al arrendatario frente a cláusulas abusivas y cobros indebidos.
En Colombia, la Ley 820 de 2003 establece las reglas para el arrendamiento de vivienda urbana y refuerza el derecho de los propietarios a recuperar sus inmuebles cuando los arrendatarios incumplen el contrato. Una reciente interpretación confirma que las dificultades personales o económicas no son motivo suficiente para evitar un proceso judicial que culmine en el desalojo.
Le puede interesar: Ahorro para inquilinos: Ley habilita descuentos en el arriendo
¿Qué dice la Ley 820 sobre el arrendamiento?
La norma define el arrendamiento como un acuerdo legal con compromisos claros: el propietario entrega el uso del inmueble para habitación y el arrendatario se obliga a pagar el canon mensual y cumplir otras obligaciones. El incumplimiento de estas condiciones habilita al dueño para iniciar acciones judiciales y solicitar la restitución del inmueble.
Causales para la restitución del inmueble
Entre las principales razones para iniciar un proceso de desalojo se encuentran:
- Falta de pago del canon mensual: cuando el arrendatario no cumple con el pago del arriendo.
- Incumplimiento de otras obligaciones: como el pago oportuno de servicios públicos.
- No pago de cuotas de administración: en inmuebles ubicados en conjuntos o edificaciones, el impago de estas cuotas también constituye incumplimiento contractual.
Proceso judicial sin excusas
La ley permite al propietario solicitar el inicio de un proceso judicial que puede culminar en el desalojo si el arrendatario no cumple con lo pactado. Este marco legal busca ofrecer claridad y seguridad jurídica, reafirmando que el cumplimiento de las obligaciones contractuales es ineludible. Las excusas personales no detienen el procedimiento, que se desarrolla bajo un proceso verbal sumario para garantizar agilidad.
Le puede interesar: A propietarios les llegó la solución: inquilinos incumplidos quedan fríos
Equilibrio entre derechos
Aunque la norma fortalece la posición del propietario, también protege al arrendatario frente a cláusulas abusivas y cobros indebidos. El objetivo es mantener un equilibrio que garantice la seguridad jurídica y la convivencia, evitando conflictos prolongados y asegurando que ambas partes cumplan con lo acordado.
En conclusión, la Ley 820 de 2003 reafirma que el contrato de arrendamiento es un compromiso serio. Cumplir con las obligaciones es la mejor manera de evitar procesos judiciales y mantener relaciones transparentes entre propietarios e inquilinos.
