El Código Nacional de Tránsito en Colombia establece las reglas que deben seguir todas las personas que usan las vías, con el objetivo de garantizar la seguridad en la movilidad. Este conjunto de normas incluye tanto lo que está permitido como lo que no, y define las sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento. Su propósito principal es proteger a quienes se desplazan por las calles, ya sean conductores, peatones o pasajeros.

Cuando alguien no cumple con estas normas, las autoridades de tránsito están autorizadas a aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con lo que establece la ley. Dependiendo de la gravedad de la infracción y del peligro que represente para la seguridad vial, se puede proceder con la inmovilización del vehículo y aplicar la multa que corresponda.

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Sin embargo, en varias ciudades del país se han presentado denuncias por posibles abusos de autoridad durante este tipo de procedimientos. Algunos conductores aseguran que las razones dadas por los agentes de tránsito para inmovilizar sus vehículos no son claras ni justificadas, lo que ha generado inconformidad y quejas por parte de los ciudadanos.

En la ciudad de Bogotá, casi que a diario a través de las redes sociales se denuncian este tipo de casos, lo cual ha generado que desde el Concejo le pongan atención a esta problemática.

Denuncian irregularidades en inmovilizaciones en Bogotá

El concejal de Bogotá, Julián Forero, denunció ante el Concejo una serie de irregularidades relacionadas con la inmovilización de vehículos en la ciudad. Según el cabildante, tanto agentes civiles como policías de tránsito estarían aplicando sanciones sin sustento legal, en contradicción con lo establecido por la Ley 2435 de 2024. 

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Esta normativa, vigente desde el 12 de noviembre del año pasado, eliminó como causal de inmovilización las infracciones D03, D04 y D07, permitiendo únicamente la imposición de comparendos. Sin embargo, Forero advirtió que durante 2025 ya se han registrado siete casos en los que se ordenó el traslado del vehículo a patios por estas causas.

“Lo que está ocurriendo es un abuso de autoridad. Agentes de tránsito están inventando causales de inmovilización sin ningún soporte legal. Esto no solo configura faltas disciplinarias, sino también posibles delitos por actos arbitrarios e injustos”, expresó el concejal. La información fue recopilada por el equipo jurídico de su oficina, el cual ha venido haciendo seguimiento a estas prácticas.

El concejal también se refirió al funcionamiento del sistema de grúas en Bogotá, asegurando que existe un incentivo económico para que se mantenga este tipo de procedimientos, dado que la empresa G&P, que opera el servicio de patios y grúas, recibe el 83 % del dinero recaudado por estos conceptos. 

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Según lo revelado por el concejal, en seis de los siete casos identificados, los conductores no interpusieron ningún recurso y terminaron pagando los costos de grúa y patios sin saber que la inmovilización no era válida. Solo uno de los afectados presentó impugnación. 

Para el Concejal, esto refleja un problema de desinformación entre los ciudadanos y una falta de acción por parte de las autoridades. “Lo más grave es el silencio de la Secretaría Distrital de Movilidad, que no tomó ninguna acción para exonerar a los afectados ni defendió el interés público. Actuaron pasivamente, favoreciendo a la empresa privada”, agregó. El equipo del concejal ya interpuso quejas disciplinarias en contra de los agentes involucrados.