En las últimas semanas, desde el Concejo de Bogotá se han presentado varias denuncias relacionadas con presuntos malos manejos de recursos públicos y los retrasos en proyectos de infraestructura. Estos reportes son relevantes para la ciudadanía, pues hacen parte de la función de control político que busca vigilar cómo se invierte el dinero público y si las obras se ejecutan de acuerdo con lo contratado.

La concejal del Centro Democrático, Diana Diago, denunció atrasos en la ejecución de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) que se construye en la localidad de Suba. Según lo establecido en el contrato, para junio de 2025 la obra debía presentar un avance del 57,11 %, pero apenas alcanza el 21,45 %, lo que representa un retraso del 35,66 %.

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El contrato de obra pública No. 1814 de 2024 fue adjudicado al consorcio CSJT 42 - URIS, integrado por la empresa SIGMA S.A.S. y Libardo Quintero Silva, por un valor de 18.600 millones de pesos. El secretario de Seguridad del distrito, César Restrepo, fue el encargado de entregar la adjudicación cuyo objetivo es el “reforzamiento y construcción de la unidad de reacción inmediata de la localidad de Suba”.

Se anticipó plata y la obra nada que avanza

De acuerdo con lo informado por la concejal, al contratista ya se le desembolsó un anticipo del 30 % que equivale a $2.500 millones, pero hasta la fecha únicamente se han ejecutado $644 millones. “¿Dónde está el resto de la plata?”, aseguró Diago al cuestionar el lento progreso de los trabajos.

Según la cabildante, la falta de planeación también explica los retrasos. Aseguró que el contrato arrancó con estudios incompletos, algo que, en su opinión, debió detectarse desde el proceso de contratación. Indicó además que los ciudadanos terminan siendo los más afectados, pues el acceso a la justicia en Suba continúa limitado mientras persisten los problemas de inseguridad.

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El cronograma indica que la fecha de entrega de la URI está prevista para enero de 2026. Sin embargo, con los retrasos actuales y las modificaciones derivadas de los estudios y diseños, se prevé que la obra deba ser prorrogada o incluso suspendida.

Inseguridad se mantiene en Suba 

La concejal insistió en que la demora en Suba se da en medio de un panorama crítico en la ciudad. “Suba sigue sin una nueva URI, el acceso cercano a la justicia se dificulta, mientras la inseguridad avanza sin control”, afirmó. También advirtió que, aunque ya se anticiparon más de $2.700 millones, los avances en la construcción no corresponden a lo esperado.

Mientras tanto, en el caso de Suba, las cifras de criminalidad muestran la magnitud de la situación. Según cifras entregadas por la cabildante, durante lo corrido del año se han reportado 6.896 hurtos a personas, 402 delitos sexuales, 143 casos de extorsión, 49 homicidios, 572 robos a comercios, 464 hurtos a residencias y 120 casos de hurto de automotores.

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La concejal Diago concluyó que “es gravísimo: la obra que debería acercar la justicia a los ciudadanos está estancada, mientras los delincuentes hacen de las suyas en Suba. Le exijo a Galán y su Secretario de Seguridad resultados contundentes, la seguridad no puede ser simplemente un discurso”.