Vehiculo de Uber que recibió seís disparos en medio de un operativo de control de tránsito en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá
Anuncian nuevo debate de control político en el Concejo de Bogotá.
La situación jurídica de plataformas digitales que presentan servicio de transporte como Uber, Beat o Cabify continúa siendo un dolor de cabeza para las autoridades tanto bogotanas como nacionales.
Por un lado, el gremio de los taxistas continúa diciendo que se trata de una competencia desleal, ya que los conductores de estas plataformas no deben cumplir con los mismos requisitos para prestar el servicio.
Por su parte, quienes prestan estos servicios afirman que son víctimas de una persecución por parte de la Policía de Tránsito, que no solo les impone comparendos, sino que incluso puede inmovilizar sus vehículos.
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Mientras tanto, desde el Concejo de Bogotá denuncian que ni las autoridades locales o nacionales han logrado mayores avances ya sea para regular o prohibir definitivamente esta práctica.
El concejal Roger Carrillo manifestó que ante esta situación, se plantea desde el cabildo realizar un debate de control político para que entidades como la Secretaría de Movilidad, la Policía de Tránsito y la Superintendencia de Puertos y Transporte respondan sobre este tema, al igual que el MinTranporte y MinTIC.
"Lo que oímos son muchos discursos que suenan bonito y calman los ánimos, pero no vemos el avance en normatividad, regulación o declaratoria definitiva de ilegalidad" , aseguró Carrillo, quien defiende al gremio de los taxistas.
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Y agregó: "Los representantes de dichas plataformas se escudan en que como no existe un fallo de legalidad o ilegalidad, su servicio está legitimado por cuenta de un posible pago de IVA, mientras tanto, el gremio de taxistas, que paga un cupo, paga impuestos, se ciñe a las normas, afronta un grave problema económico y esto no se puede permitir”.
Por su parte, representantes de las plataformas digitales se han mostrado preocupados por las implicaciones que tendría una prohibición o lo que consideran una "sobrerregulación", que en su opinión vulneraría el derecho al trabajo de miles de conductores, así como afectar la innovación y el desarrollo de nuevas empresas que incursionan en este mundo.
