En Bogotá, la concejal Diana Diago denunció presuntas irregularidades en un contrato firmado por la Alcaldía Local de Usaquén. El acuerdo, que comenzó el 31 de julio con vigencia hasta diciembre de 2025, tiene un valor de $2.000 millones y busca garantizar la operación logística de diferentes actividades contempladas en el plan de desarrollo local.

La concejal señaló que dentro del contrato se encontraron precios que, según sus cálculos, superan de manera considerable los valores del mercado. Entre los ejemplos, mencionó sándwiches a $57.000, cartucheras a $47.000, botellas de agua de 200 ml a $5.600 y jugos en caja del mismo tamaño a $6.500.

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Contrato tendría sobrecostos de hasta un 655%

De acuerdo con el estudio previo del contrato, los recursos se destinarán a la planeación, organización, producción y ejecución de eventos, jornadas y actividades en la localidad, en línea con el plan de desarrollo “Usaquén 2025–2028”. 

En total se definieron 415 ítems que incluyen alimentación, decoración, menaje, mobiliario, sonido, video, transporte, papelería, equipos para actividades, personal de apoyo y kits de autocuidado.

El documento señala que la logística es necesaria para desarrollar ocho proyectos, entre ellos: fortalecimiento de capacidades para personas de la localidad, apoyo a Mipymes, actividades culturales y acciones de prevención frente a la violencia contra la mujer. Para cubrir estas metas, la alcaldía destinó el presupuesto de $2.000 millones.

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Sin embargo, la concejal Diago indicó que al revisar el contrato y los estudios previos, encontró que varios productos registraban presuntos sobrecostos de hasta un 655% frente a lo que podría encontrarse en el mercado.

¿El sándwich más caro de Bogotá? 

Diana Diago cuestionó los valores aprobados: “¿Cómo es posible que en la Alcaldía Local de Usaquén se compre el sándwich más caro de toda Bogotá? Ni Subway, ni Cubano se atrevieron a tanto. El alcalde local avaló que un sándwich con jugo de 200 ml, una fruta y unas frituras costaran casi $60.000, cuando en el mercado ese precio está alrededor de $26.000”, afirmó.

La concejal también presentó comparaciones con contratos de alimentación de otras alcaldías locales como Puente Aranda y La Candelaria, realizados desde 2024. Según su análisis, la diferencia de precios en refrigerios podría alcanzar hasta $38.000 por unidad.

Finalmente, Diago solicitó a los entes de control investigar el contrato y determinar si los valores registrados generan un posible detrimento patrimonial. “¿Qué hay detrás de este tipo de contratos? ¿Por qué el alcalde local despilfarra los recursos? Una botella de agua que vale 700 pesos la quieren comprar por $5.500. Hay muchas dudas y exijo respuestas, aseguró”.

Diago pide que Galán se ponga al frente de la situación

La concejal Diana Diago le pidió expresamente al alcalde Carlos Fernando Galán ponerse al frente de este presunto caso de detrimento patrimonial. "¿Esto lo sabe el alcalde Galán? Debería comenzar a investigar, ya que pidió la renuncia de los alcaldes locales, ponga en la mira a este alcalde, que quiere presuntamente robar a los bogotanos", dijo.

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Cabe recordar que, en medio de estos cuestionamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de Bogotá. La medida fue anunciada luego de que concejales y organismos de control pusieran sobre la mesa denuncias relacionadas con la ejecución presupuestal en las diferentes localidades.

La primera consecuencia de esta decisión se conoció el miércoles, cuando la administración distrital confirmó que Alexandra Mejía Guzmán, quien estaba al frente de Chapinero, y Adriana Yaneth Ortiz, de Fontibón, dejaron sus cargos. Con esto, se empiezan a ver los efectos de la instrucción dada por el mandatario.

Sobre este tema, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, explicó que la decisión se tomó tras varias reuniones con los mandatarios locales. En esos encuentros se analizaron puntos como el uso de los presupuestos, los compromisos de gestión, la transparencia en los procesos, la relación con la ciudadanía y los resultados alcanzados en cada una de las localidades.