Resolución frena a empresas: Trabajadores estarán más tiempo en el médico

El Ministerio del Trabajo mediante la resolución 1843 de 2025, realizó una estricta regulación para la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales en Colombia. 

El documento firmado por el ministro Antonio Sanguino, le da una cobertura a todos los trabajadores y trabajadoras del país, independientemente de su sector económico, tipo de vinculación laboral o afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

La resolución tiene como objetivo principal regular la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales, así como el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

“Se aplica a empleadores, empresas públicas o privadas, contratantes, contratistas, trabajadores dependientes e independientes, entidades administradoras de riesgos laborales, y personas naturales y jurídicas prestadoras o proveedoras de servicios de medicina, seguridad y salud en el trabajo”, dice.

El documento además detalla las responsabilidades de los prestadores de servicios de medicina de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las responsabilidades de los empleadores y contratantes.

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Entre los puntos clave se encuentran la garantía de condiciones de infraestructura óptimas para la prestación de los servicios, la realización de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, y el respeto a la reserva de la historia clínica ocupacional.

Esta resolución busca asegurar un entorno laboral seguro y saludable, en consonancia con los principios y objetivos establecidos por la Comunidad Andina y la legislación colombiana.

Además se destacan puntos como la evaluación médica por retorno laboral, y la evaluación médica ocupacional de seguimiento o de control.

Se adoptan medidas antidiscriminatorias en materia laboral, específicamente en lo que respecta a la exigencia de pruebas de embarazo y VIH.

Regulación del costo de los desplazamientos y manutención (alojamiento y alimentación), para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas en caso de requerirse traslados intermunicipales.

Prestar servicios con calidad, continuidad, integralidad, oportunidad, transversalización y equidad de género en exámenes ocupacionales.

Implementar y ejecutar un programa de pausas activas durante la jornada laboral, destinadas a realizar actividades preventivas que mejoren la salud física y mental de los trabajadores dependientes e independientes, respetando la libertad de conciencias, credos, estados de salud, posturas culturales, políticas y formas de vida, evitando toda forma de discriminación o exclusión.

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Puntos a favor 

 * Protección de la salud del trabajador: La resolución busca garantizar la salud de los trabajadores mediante la regulación de las evaluaciones médicas ocupacionales, lo cual permite la detección temprana de riesgos y la implementación de medidas preventivas.

 * Marco legal claro: Establece un marco legal claro para la realización de evaluaciones médicas ocupacionales, definiendo las responsabilidades de los empleadores, contratantes y prestadores de servicios de medicina de seguridad y salud en el trabajo.

 * Inclusión y alcance amplio: La resolución aplica a todos los trabajadores y trabajadoras del país, independientemente del sector económico o tipo de vinculación laboral, lo que garantiza una protección generalizada.

 * Actualización y armonización: La resolución actualiza y armoniza las prácticas de evaluaciones médicas ocupacionales con la normativa nacional e internacional, incluyendo disposiciones de la Comunidad Andina.

 * Enfoque en la no discriminación: Incluye medidas antidiscriminatorias, como la prohibición de exigir pruebas de embarazo como requisito obligatorio para el acceso o permanencia en el trabajo.

Puntos en contra:

 * Costos para los empleadores: La resolución implica costos para los empleadores, quienes deben asumir el costo de las evaluaciones médicas laborales y, en algunos casos, los gastos de desplazamiento y manutención.

 * Carga administrativa: La implementación de la resolución puede generar una carga administrativa adicional para los empleadores y prestadores de servicios de salud, relacionada con la realización, documentación y gestión de las evaluaciones médicas.

 * Posible resistencia: Es posible que algunos empleadores se resistan a cumplir con todas las disposiciones de la resolución, especialmente aquellos que buscan reducir costos o que no priorizan la salud ocupacional.

 * Necesidad de supervisión: Para asegurar la efectividad de la resolución, se requiere una supervisión y control adecuados por parte de las autoridades competentes, lo que puede representar un desafío en términos de recursos y capacidad operativa.