Norma pondría a sacar más billete a quienes viven en conjuntos

Una propuesta legislativa que avanza en el Congreso podría sacudir la cotidianidad y los bolsillos de millones de colombianos que viven en conjuntos residenciales. Se trata de un proyecto que busca reformar la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, y que plantea una serie de ajustes en nombre de la convivencia, la sostenibilidad y el buen uso de las zonas comunes.

Según datos oficiales, se estima que el 60% de la población urbana en Colombia habita en propiedades sometidas a este régimen. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los conjuntos con portería, ascensor, piscina o parqueaderos compartidos son parte del paisaje diario. Pero estas comodidades también implican reglas… y ahora, más que nunca, sanciones.

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Más normas, más multas

El proyecto de ley contempla endurecer las sanciones por incumplir las reglas de convivencia. Quienes dejen desechos de mascotas en zonas comunes, excedan los niveles de ruido o hagan mal uso de las piscinas, ascensores y parqueaderos, podrían enfrentar multas más altas, además de advertencias formales o restricciones de uso.

“Se trata de preservar los bienes comunes y garantizar la armonía entre los residentes”, señalaron los ponentes del proyecto en el Congreso, justificando que muchas veces el desgaste acelerado de zonas compartidas es responsabilidad directa del mal uso por parte de algunos vecinos.

Administradores con más autoridad

Una de las novedades más llamativas del proyecto es el refuerzo del rol de los administradores. Ya no serán solo figuras operativas, sino garantes del cumplimiento de la ley dentro del conjunto. Deberán tener mayor transparencia en el manejo de los recursos, rendir cuentas periódicamente y aplicar las normas internas con mayor rigor.

También se plantea que los copropietarios que no paguen sus cuotas de administración sean objeto de procesos más ágiles de cobro, con intereses más altos y menos tolerancia a la mora.

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¿Y por qué la reforma?

La Ley 675 fue creada hace más de dos décadas, cuando la vivienda urbana era otra. Hoy, con miles de nuevos conjuntos, la aparición de alquileres turísticos por plataformas digitales, el aumento de mascotas y los conflictos entre vecinos, muchos expertos consideran que la norma quedó corta.

Por eso, la propuesta legislativa introduce principios como la función social y ecológica de la propiedad, el respeto a la dignidad humana, el debido proceso en sanciones internas y una visión de convivencia más estructurada.

¿Más control o más costos?

Aunque en papel suena a una modernización necesaria, en la práctica muchos temen que esto implique más controles, más burocracia y más gastos para quienes viven en propiedad horizontal. “Esto podría significar un aumento en las cuotas de administración, ya que se necesitarán más recursos para cumplir con las nuevas obligaciones legales”, advirtió un administrador de un conjunto residencial en el norte de Bogotá.

Por ahora, el proyecto de ley sigue en discusión. No hay una fecha definida para su aprobación, pero el debate ya está abierto: ¿mejor convivencia o más presión económica?

Lo cierto es que si se aprueba, vivir en conjunto no volverá a ser lo mismo… ni costará lo mismo.