Concejal se le planta a Rey: fin al negocio de matrículas por fuera de Bogotá

La controversia por el nuevo Pico y Placa para vehículos matriculados fuera de Bogotá abrió un debate político que crece cada día. Tras el anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán, el concejal bogotano Juan David Quintero denunció un supuesto “matriculazo” impulsado desde Cundinamarca para atraer registros automotores que deberían quedarse en la capital. Según el cabildante, esta práctica afecta la movilidad, las finanzas distritales y la justicia tributaria en la región.

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Concejal Juan David Quintero acusa plan ilegal y pérdidas millonarias

Quintero aseguró que, “ante los ojos cómplices” del gobernador Jorge Emilio Rey, algunos municipios de la Sabana estarían aplicando tarifas más bajas para el registro de vehículos, además de descuentos al impuesto automotor. El concejal afirmó que estos beneficios son ilegales y que el Consejo de Estado los ha rechazado en dos ocasiones, lo que convertiría la estrategia en una maniobra irregular para arrebatarle a Bogotá una parte crucial de sus recursos.

De acuerdo con el concejal, solo tres de cada diez vehículos que circulan y contaminan en la ciudad están matriculados en Bogotá, lo que ha generado una pérdida cercana a un billón de pesos en los últimos años. “Ese billón equivale a construir los seis Centros de la Felicidad planeados en la ciudad”, señaló. También llamó la atención sobre otros frentes tributarios en disputa, como el recaudo de licores y el registro de instrumentos públicos, que —según él— han terminado beneficiando a Cundinamarca “a partir de interpretaciones creativas de la ley”.

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Gobernación de Cundinamarca aún no responde a la denuncia

Tras la publicación de los señalamientos, Alerta Bogotá consultó con la Gobernación de Cundinamarca para conocer su posición frente a las acusaciones. La entidad respondió que, por ahora, no cuenta con un pronunciamiento oficial sobre lo expuesto por Quintero, aunque no se descarta un comunicado en las próximas horas. Mientras tanto, la discusión sigue abierta y crece en medio de la implementación del nuevo régimen de Pico y Placa para automóviles registrados fuera de la ciudad.

El debate no solo enfrenta a líderes de Bogotá y Cundinamarca, también expone un problema de fondo: la necesidad de una justicia tributaria que garantice que los recursos se inviertan donde realmente se usan las vías y donde la carga vehicular causa su mayor impacto. Por ahora, la discusión promete escalar mientras ambos territorios ajustan sus políticas de movilidad y recaudo.