
El 25 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro sancionó la nueva Ley de Salud Mental, una reforma que marca un antes y un después en la política pública de salud en Colombia.
Esta ley, resultado de la acumulación de seis proyectos legislativos y de la actualización de la Ley 1616 de 2013, responde a una necesidad urgente: fortalecer la prevención, atención integral y protección de la salud mental en todos los entornos sociales, incluyendo hogares, instituciones educativas, lugares de trabajo, centros penitenciarios y comunidades.
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¿Por qué una nueva Ley de Salud Mental?
Colombia ha enfrentado durante décadas profundas heridas sociales derivadas del conflicto armado, la violencia estructural, la pobreza y el desplazamiento forzado. Estos factores han dejado una alta prevalencia de trastornos mentales, muchas veces no diagnosticados ni atendidos adecuadamente.
Además, el estrés laboral, el aumento de trastornos en jóvenes y el impacto de la pandemia han incrementado la demanda de servicios de salud mental, evidenciando la necesidad de una respuesta estatal más robusta y coherente.
La nueva ley reconoce la salud mental como un derecho fundamental y un componente esencial del bienestar individual y colectivo. Su objetivo es garantizar que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a servicios de prevención, promoción y atención en salud mental, bajo un enfoque de derechos humanos, inclusión y equidad.
¿Aplica la Ley de Salud Mental para los trabajadores?
Sí. Uno de los aspectos más relevantes de la nueva Ley de Salud Mental es su alcance en el entorno laboral. La legislación reconoce el impacto de la salud mental en el desempeño y bienestar de los trabajadores. Por ello, exige que las empresas y los lugares de trabajo implementen acciones concretas para la prevención y atención de problemas de salud mental, incluyendo la capacitación de personal y la promoción de ambientes saludables.
Un proyecto complementario en trámite en el Congreso propone que los trabajadores puedan acceder a hasta tres días libres remunerados en caso de presentar afectaciones mentales que impacten su rendimiento laboral. Para hacer uso de este beneficio, el trabajador debe notificar a su empleador, quien contactará a la aseguradora de riesgos laborales (ARL) para que un profesional en psicología clínica evalúe la situación. Si se cumplen los criterios, la ARL cubrirá el 100 % del valor de los días otorgados y se coordinará el seguimiento con la EPS correspondiente.
Esto significa que, aunque la ley ya exige acciones preventivas y atención en el entorno laboral, se están dando pasos para que los trabajadores tengan derechos específicos, como licencias remuneradas por afectaciones a la salud mental, lo que representa un avance significativo en la protección del bienestar emocional en el trabajo.
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¿Quiénes pueden beneficiarse de la Ley de Salud Mental?
La Ley de Salud Mental es de aplicación nacional y beneficia a:
- Toda la población colombiana, sin distinción de edad, género o condición social.
- Personas en situación de vulnerabilidad, como víctimas del conflicto armado, jóvenes, cuidadores y personas privadas de la libertad.
- Trabajadores y empleadores, quienes deben promover ambientes laborales saludables y garantizar el acceso a atención en salud mental.
- Instituciones educativas, que podrán participar en estrategias de prevención y educación emocional.
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Principales novedades y alcances de la Ley de Salud Mental
- Acceso universal y derecho a la atención: la ley establece que el acceso a la atención en salud mental es un derecho para toda la población colombiana, sin importar su edad, género, condición social o lugar de residencia.
- Enfoque integral y preventivo: se pasa de un modelo centrado en la atención psiquiátrica a uno más preventivo, comunitario y basado en la educación emocional desde la niñez, con acciones en colegios y comunidades para prevenir crisis futuras.
- Nuevos actores y fortalecimiento institucional: la ley crea el Sistema Nacional de Salud Mental y los Consejos Territoriales de Salud Mental, e incorpora a cuidadores, docentes, líderes comunitarios y agentes de salud mental como actores clave en la prevención y acompañamiento.
- Atención prioritaria a jóvenes y cuidadores: se prioriza la atención integral para jóvenes entre 14 y 28 años y se exige apoyo psicosocial y capacitación para cuidadores de personas con trastornos mentales.
- Financiación garantizada: se crea una subcuenta específica en el Presupuesto General de la Nación para asegurar recursos continuos para la implementación de programas de salud mental.
- Inclusión de víctimas y personas privadas de la libertad: la ley contempla programas especiales para víctimas del conflicto armado y garantiza atención psicosocial y espiritual a personas privadas de la libertad, prohibiendo el aislamiento durante tratamientos.
La sanción de la Ley de Salud Mental representa un hito en la historia de la salud pública en Colombia. La norma no solo reconoce la salud mental como un derecho fundamental, sino que obliga al Estado, empleadores y actores sociales a garantizar la prevención, atención y protección del bienestar emocional de todos los colombianos, con especial énfasis en los trabajadores y sectores vulnerables.